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Chilpancingo.— Las redes sociales explotaron en Guerrero con esta escena: dos menores, de 13 y 14 años, bailan el tradicional vals. El niño está vestido con traje gris oscuro y la niña con un vestido blanco amplio. Bailan pegaditos. Con ellos pasan a bailar el vals los padres de la niña. Todo alrededor es un ambiente de fiesta, es la boda entre dos menores de edad. Y en el breve video se ve cómo todos la celebran.
La boda entre los menores de edad ocurrió el pasado domingo en la comunidad Ñuu savi de San Pedro Cuitlapan, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero. Se celebró bajo un toldo, hubo música en vivo, una mesa con un pastel, muchos regalos y decenas de invitados.
Entre las fotos que se difundieron hay una en la que se ve la vestimenta de los menores atiborrada de billetes, para poder ir de luna de miel.
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San Pedro Cuitlapan es una población de unos mil 300 pobladores, más de 94% son indígenas.
Esta boda que se celebró con tanta normalidad en realidad podría constituir un delito.
En 2022 el Congreso local reformó el Código Penal estatal para prohibir los matrimonios infantiles.
Éstos, dice la reforma, no se deben realizar ni con el consentimiento del padre, madre o tutor de un menor de 18 años de edad.
Apenas el 3 de abril se incrementó la sanción: hasta 15 años de prisión a quien obligue a los menores a casarse. La pena se agrava si quienes obliguen a los menores son familiares o si pertenecen a un pueblo originario o forman parte de la población afromexicana.
Sin embargo, en Guerrero los matrimonios infantiles se realizan de manera recurrente.
Otros casos
El 15 de abril una adolescente de 16 años salió huyendo de la comunidad Ñuu savi de San Antonio, en Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero. Lo hizo después de tres días de encarcelamiento.
El 12 de abril, la menor fue encerrada en la cárcel del pueblo porque ni ella ni su madre tuvieron en la mano los 700 mil pesos que la familia de su pareja exigía que le devolviera porque fue lo que pagaron por la “dote” hace dos años.
Su pareja pidió a la Policía Comunitaria que la detuviera porque dijo que descubrió en el celular de la menor fotografías de su exnovio.
El hombre le pidió el favor a su tío, Lorenzo Moreno Ventura, el presidente del Consejo de Justicia y Certeza de los Pueblos Originarios.
La menor y el exnovio, Samuel, fueron detenidos.
La menor fue liberada tres días después, luego de que el padre de Samuel y su madre se comprometieron a pagar los 700 mil pesos. El padre pagará 250 mil y la madre el resto, 450 mil.
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Después de la firma del trato, la menor salió huyendo de su pueblo, se desterró y, de no cumplirse con el pago, la encarcelada ahora podría ser su madre.
La familia de su pareja exigió el pago de los 700 mil pesos pese a que, durante los dos últimos años, la menor fue sometida a trabajos sin pago, trabajó de jornalera en Sinaloa y todo su salario se lo quitaron los padres de la pareja con el pretexto de que tenía que recuperar algo de lo que pagaron por la dote.
La menor ahora está recluida en un albergue de menores en Chilpancingo.
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Los matrimonios forzados ocurren en comunidades de la Montaña y Costa Chica, donde se concentran los pueblos originarios. Pero esto pasa en Acapulco también.
El 24 de febrero pasado, en redes sociales se supo del arreglo matrimonial entre Gael, un niño de 14 años, y Celia, de 15, en la comunidad de Huamuchitos, ubicada en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Acapulco.
El arreglo matrimonial fue transmitido en Facebook y anunciado como si se tratara de un baile. Como en San Pedro Cuitlapan. En las imágenes se ve un ambiente festivo, como si no se tratara de un matrimonio de menores.
