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El Secretario de Gobierno de Morelos , Pablo Ojeda Cárdenas, denunció que los titulares de la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), practican una persecución política contra el Ejecutivo con el señalamiento de presuntos malos tratos a los adolescentes refugiados en centros de asistencia del Sistema DIF, pero en realidad representan los intereses del exgobernador Graco Ramírez.
En conferencia de prensa junto con el procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, Rafael Brito Miranda, Ojeda Cárdenas, rechazó la ejecución de actos de tortura contra los adolescentes , y afirmó que los cateos realizados por parte de la Fiscalía Anticorrupción hace dos semanas son ilegales porque violaron los derechos humanos de los adolescentes al tratarlos como delincuentes y vulnerar su privacidad.
Ojeda Cárdenas precisó que un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, determinó como ilegales los cateos realizados por parte de la Fiscalía Anticorrupción, encabezado por Juan Salazar Núñez, y resolvió que violaron los derechos humanos de los adolescentes al tratarlos como delincuentes, vulnerar su privacidad y cometer abuso de autoridad.
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Además, dijo que del actuar del DIF y la Procuraduría del Menor no se desprende ningún acto ilegal o que haya puesto en peligro a niños y adolescentes , pero desde la Secretaría de Gobierno se ha visto en el estado la descomposición gradual de la Fiscalía Anticorrupción y la CDHM.
“La Fiscalía Anticorrupción y la Comisión de Derechos Humanos, representadas por los dos abogados más cercanos del exgobernador Graco Ramírez . Uno fue Consejero Jurídico del gobierno del estado y otro fue director general jurídico de la Secretaría de Gobierno, y su actuación por supuesto que tiene tintes políticos. Estas dos instituciones no son autónomas, representan los intereses del exgobernador Graco Ramírez”, dijo Ojeda Cárdenas.
En la conferencia de prensa Ojeda Cárdenas afirmó que con la resolución judicial resulta claro que la CDHM y la Fiscalía Anticorrupción lejos de garantizar los derechos para los que fueron creadas, vulneran los derechos de los más desprotegidos y despilfarran los recursos en persecuciones políticas, por lo que se analiza la actuación de diversos actores involucrados y la posibilidad de proceder jurídicamente en su contra ante las instancias correspondientes.
Por otra parte, y en conferencia de prensa virtual, el presidente de la CDHM, Israel Hernández Cruz, rechazó la vinculación con la administración de Graco Ramírez (2012-2018), y sostuvo que su designación fue por el voto mayoritario del Congreso local.
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