Pachuca.— Indignación y desconfianza causó entre los ciudadanos de Tula, Hidalgo, la liberación del exalcalde perredista Manuel Hernández Badillo, quien fue procesado por uso ilícito de facultades y atribuciones, además de peculado por 60 millones de pesos, dinero destinado a los damnificados de las inundaciones en 2021.
El edil, quien fue detenido en 2023, quedó libre este miércoles luego de que aceptó su culpabilidad y pagó 25 millones de pesos como reparación del daño.
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El delito
En septiembre de 2021 Tula sufrió una de las inundaciones más graves de su historia al desbordarse el río del mismo nombre. Por este hecho murieron 17 personas en el Hospital General de Zona número 5, y 35 mil personas resultaron damnificadas. Además, 2 mil 500 viviendas resultaron con daños estructurales. El alcalde hizo uso personal de 60 millones 940 mil pesos enviados para atender la emergencia. El dinero debía utilizarse para la fumigación de colonias y la compra de despensas y colchones para los miles de damnificados.
En su momento, el gobierno municipal hizo una entrega de colchones para los afectados, pero repartieron basura, pues estaban en mal estado, rellenos de pañales sucios, telas viejas, desechos y basura. También tenían chinches, además de manchas de sangre y orina.
Indignados, los pobladores llevaron los colchones a la sede del ayuntamiento, donde los quemaron en protesta.
La denuncia de los damnificados llevó a una investigación de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, que determinó la responsabilidad del entonces edil en un caso de peculado por más de 60 millones de pesos.
Hernández Badillo fue detenido en agosto de 2023 y estuvo en prisión hasta este miércoles 29 de enero.
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La sentencia
Este miércoles, las autoridades de la Procuraduría de Justicia y del Tribunal Superior del Estado de Hidalgo informaron de su liberación luego de que el acusado se acogiera a un procedimiento abreviado en la audiencia desarrollada ante un juez del Poder Judicial.
Al declararse culpable, la sentencia fue de cuatro años de cárcel, el pago de 25 millones de pesos como reparación del daño y 200 días de multa (22 mil 628 pesos), además de jornadas de trabajo comunitario.
El Tribunal de Justicia señaló que la sentencia ya causó ejecutoria, debido a que en la audiencia obtuvo su libertad.
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Sobre la inconformidad de algunos sectores por haber impuesto una reparación de sólo 25 millones de pesos, cuando el daño patrimonial fue de más de 60 millones, el Tribunal dijo que esto se debió a un consenso de la parte agraviada, en este caso el ayuntamiento, que estimó suficiente este porcentaje.
Decepción y molestia en Tula
Eduardo Sánchez, integrante del colectivo Todos Somos Tula, manifestó su molestia al considerar que la justicia ha sido selectiva y que la autoridad que tenía la responsabilidad de apoyar a los damnificados quedó impune por un robo abierto.
De acuerdo con los pobladores, entre los programas de indemnización gubernamental se ofrecían 35 mil pesos por persona; sin embargo, en muchos casos sólo se entregaron 10 mil pesos, mientras que el ayuntamiento les otorgó solamente mil 500 pesos o un colchón en mal estado, además de que las despensas prometidas tampoco les llegaron.
Recordaron que una empresa refresquera envió despensas valuadas en 3 mil pesos cada una, pero ninguna fue para las personas que perdieron su patrimonio.
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Don Lalo dijo que la única justicia posible sería que el exalcalde regresara la totalidad del dinero y enfrentara una sentencia real. Sin embargo, considera que esto refuerza la percepción de que la impunidad es una regla.
“Esto lo que nos dice es que mejor hay que robar”, expresó Edith Guzmán, otra afectada.
“¿Por qué no lo obligaron a devolver los 60 millones? ¿Dónde está el resto?”, cuestionó.
Ángel Cerón señala que “lo que tenemos es una ola de indignación entre los pobladores. Incluso, consideran que alguien debió recibir dinero para que el exalcalde pudiera obtener su libertad”.
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Los ciudadanos coincidieron en que no sólo fueron 60 millones de pesos los desviados por el exedil, sino más de 160 millones de pesos, cuyo destino aún se desconoce.
Otra persona, que prefirió el anonimato, dijo que hay temor de hacer públicas sus denuncias, pues temen represalias. “La preocupación de él no sólo era recuperar su libertad, sino su intención de vengarse”.
También cuestionaron la reparación del daño, al exponer que aunque la imputación oficial fue de 60 millones de pesos, existen registros, e incluso declaraciones del propio Hernández Badillo, que sugieren que el desfalco podría ser hasta cuatro veces mayor.
“La sensación colectiva de impunidad es lo que prevalece. Los damnificados que perdimos nuestros hogares (...) sentimos que no hubo justicia plena”, coincidieron los afectados.
Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar (Morena), refirió que las investigaciones por la corrupción continúan y que no habrá pausa en la lucha.
Destacó que en el estado no hay persecución ni tintes políticos, sino un compromiso con la sociedad.
“No hay ninguna situación de otro carácter que no sea utilizar adecuadamente los recursos”.