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Guadalajara.— Tuvieron que pasar casi seis meses y que dos colectivos de búsqueda de desaparecidos denunciaran para que las autoridades estatales y federales iniciaran una investigación sobre el rancho Izaguirre, campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco.
El sitio fue asegurado el 18 de septiembre de 2024 por la Guardia Nacional (GN) tras un enfrentamiento.
En su momento, la GN informó que el lugar fue identificado como un centro de adiestramiento donde se estaban dos personas privadas de la libertad, se detuvo a 10 presuntos plagiarios y se encontró a una persona sin vida.
El trabajo de los colectivos
Tres meses después el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco recibió un reporte de un sobreviviente y llegaron al lugar, donde encontraron los crematorios y las pertenencias de cientos de personas.
“El 4 de diciembre el colectivo hizo el hallazgo y le dio el aviso a las autoridades [estatales] quienes al parecer acudieron al lugar, pero al no encontrar personas con vida dejaron el asunto por la paz”, explicó a EL UNIVERSAL la activista Ceci Patricia Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora.
El colectivo documentó con fotografías y videos los crematorios clandestinos y las prendas de vestir, por si alguien podía identificarlas.
“En enero volvieron para ver si la autoridad había hecho alguna diligencia y se dieron cuenta que todo estaba igual. Está terrible la situación y más que lo quieren ocultar las autoridades”, expresó Flores.
Fue hasta el 5 de marzo cuando el colectivo Guerreros Buscadores ingresó al sitio y difundió las fotos de cientos de zapatos abandonados, las cuales se hicieron virales y obligaron a que autoridades estatales y federales pusieran atención al tema.
Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores, ha acusado directamente al exgobernador Enrique Alfaro —quien aún estaba en el gobierno en septiembre pasado— de querer ocultar estos hechos porque “con tanta tecnología, no encontraron lo que nosotros encontramos con una varilla”.
Señaló que las autoridades no querían ver porque todos los indicios estaban a la vista.
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Autoridades omisas
Ayer martes, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que lo encontrado en Teuchitlán no puede existir sin que las autoridades locales estén enteradas, mientras el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se ha deslindado de responsabilidad, al decir que el hallazgo no ocurrió en su administración, que inició el 6 de diciembre.
“Es un tema muy crítico y muy grave... Todo lo que significan los problemas, los graves problemas de la delincuencia organizada no nacen de la nada; nacen y crecen de los problemas locales, por eso se da esa cantidad de delitos, y de ahí es de donde devienen estas situaciones tan críticas como las que ahora estamos comentando”, dijo el fiscal.
Refirió que antes de determinar si la FGR puede o no atraer ese asunto, se investigará el caso: “No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”.
“Yo creo que, en este caso, en un plazo que debe de ser muy corto, la Fiscalía de la República va a hacer una investigación, no la atracción, hasta que no tengamos la certeza de las responsabilidades tanto locales”, declaró.
Al respecto, el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía (MC), quien hasta ayer publicaba en sus redes personales el deseo de que los malos comentarios “no destrocen” la imagen del municipio, informó ayer que se entrevistó en el lugar de los hechos con el fiscal de Jalisco, Salvador González De los Santos, para “coadyuvar en las investigaciones”.
No es el único caso
Además del rancho Izaguirre, en los últimos ocho años se han localizado en Jalisco al menos dos sitios que funcionaban como centros de adiestramiento y exterminio del crimen organizado; los colectivos exigen que las autoridades investiguen o informen lo que han encontrado.
El primero se encontró en 2017 en Las Navajas, en la zona serrana del municipio de Tala (a unos 18 kilómetros de Teuchitlán).
La fiscalía estatal desmanteló una finca y un conjunto de campamentos en los que —según testimonios de sobrevivientes— se calcinaban los cuerpos de quienes morían o eran asesinados durante el adiestramiento porque desobedecían o “no servían” para ser sicarios.
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En esa ocasión fueron rescatadas unas 40 personas, que eran resguardadas por 50 o 60 hombres que ya habían pasado el entrenamiento.
En 2019, elementos de la Guardia Nacional ubicaron en un rancho de casi 20 hectáreas, en el municipio de Tepatitlán, una camioneta calcinada con impactos de bala y restos óseos en el interior; la FGR tomó el caso, aseguró el predio y nunca informó de lo que localizó.
Un año después el colectivo Altos Sur en Busca de Ti recibió información anónima que advertía sobre fosas clandestinas dentro del lugar, por lo que solicitó a la fiscalía del estado intervenir y hacer una búsqueda.
A finales de febrero de 2021 la fiscalía de Jalisco entró al predio y advirtió que tardaría semanas en procesar todo el terreno, que en un extremo se internaba en una barranca; aunque durante algunas semanas la fiscalía del estado emitió información que confirmó que el sitio era utilizado como campo de adiestramiento y localizó cientos de cartuchos percutidos y fragmentos óseos esparcidos en la superficie del lugar, con el tiempo la información dejó de fluir y el colectivo que solicitó la búsqueda nunca recibió un informe de lo que se encontró.
Ahora, los integrantes del colectivo Altos Sur en Busca de Ti se preguntan qué pasó porque las autoridades no les informaron nada del lugar ni de los restos hallados. Como si nada hubiera sucedido.
