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Monterrey, Nuevo León.- Ante la falta de personal especializado en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para la búsqueda, recuperación y análisis de restos humanos, la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) integró a un grupo de expertos que apoyan su causa y los capacita.
El colectivo se conformó hace ocho años y fue en 2014 cuando llevó a cabo su primera búsqueda ciudadana independiente para localizar a sus seres queridos. En los rastreos que han realizado han contado con el apoyo de los especialistas, pero de manera individual, por ello decidieron integrar un equipo forense, que oficialmente fue presentado en agosto.
El grupo está conformado por siete especialistas: tres arqueólogos (una mujer y dos hombres), una experta en suelos, dos antropólogos físicos y un antropólogo forense, todos ellos egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, con el fin de que la sustracción de restos humanos se haga con el cuidado y minuciosidad adecuados.
Fundenl recibe financiamiento público para cubrir los gastos de los expertos al amparo de la Ley General de Víctimas, la cual estipula que cuando el Estado carece del personal técnico experto o de instrumentos, las asociaciones civiles los pueden ofrecer.
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De acuerdo con Irma Leticia Hidalgo, directora de Fundenl, desde que comenzaron a saber de la existencia de fosas en el estado, una de sus exigencias al Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la fiscalía era que se contara con expertos, pues dice que “los criminalistas trabajan con pico y pala”.
La activista explica que ahora con el equipo que conformaron los familiares de víctimas de desaparición cuentan con capacitación y acompañamiento, pues incluso utilizan un dron para tomar fotografías aéreas y usan la técnica fotogrametría, con lo cual, en vez de revisar las dos hectáreas de un terreno a pie eligen ciertos puntos de interés donde es visible que fue modificado.
Así ocurrió en el predio de Las Maravillas entre los meses de junio y agosto, según relata, donde eligieron puntos donde se alteró el terreno o había indicios como latas de cerveza, ropa, zapatos o hasta empaques de frituras, y lograron detectar un tambo con restos humanos.
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“Pero no tenemos los resultados, porque los llevaremos a un laboratorio independiente y tal vez obtengan la información genética a finales de diciembre o en enero. Igual sucede con los miles de restos que hemos entregado a la fiscalía; dicen que no son de nuestros familiares y no tienen relación con nuestras carpetas de investigación”, lamenta Hidalgo.
“La última información que proporcionaron de una relación con una familia de Fundenl data del 20 de abril de 2018, sobre los restos de Carlos Anselmo Garza, localizado en Salinas Victoria. La fiscalía se tardó tres meses”, agrega.
Las fosas
De acuerdo con el proyecto México. El país de las dos mil fosas, en Nuevo León hay 119 sitios donde se incineraron o sepultaron restos humanos; sin embargo, la activista señala que puede haber en cualquier sitio.
El 2 de abril de 2016, las buscadoras de Fundenl acudieron a Juárez, Nuevo León, donde la perra Maya —uno de los sabuesos que las acompañó— marcó positivo, por lo que informaron a la entonces procuraduría del estado “y hasta ahorita no reportan que hayan ido”.
Irma Leticia cuenta que han ido a los municipios de García, Santa Catarina, Salinas Victoria, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás y Apodaca y les han llamado de Higueras, Zuazua, Ciénega de Flores y Sabinas Hidalgo, “pero no hemos podido, somos simples mortales que no nos está alcanzando la vida”, lamenta.
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Irma Leticia destaca que los siete expertos siempre han sido profesionales y cuenta que en octubre estuvieron ocho días acampando de fijo en el predio de Las Maravillas, donde llegaron desde temprano a poner los toldos.
“Comparando el trabajo de la fiscalía con este equipo, es muy diferente; este sí es un trabajo de expertos, que nunca se había hecho en Nuevo León; estamos acercándonos a la verdad”, expresa Hidalgo.
La activista afirma que cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, visitó el estado le contaron lo que estaban haciendo y le pareció extraordinario. “Al menos en Nuevo León nunca se ha buscado de esta manera y dijo: ‘Quiero ir con ustedes’, y a lo mejor va a la próxima búsqueda que será en enero”.
De acuerdo con Irma Leticia, acudirán al ejido Las Abejas, en el municipio de Salinas Victoria, donde nunca han buscado, aunque la fiscalía encontró superficialmente, sin excavar, 250 mil fragmentos de restos óseos. “Con los expertos forenses que apoyan a Fundenl haremos excavaciones arqueológicas, antropológicas, forenses y esperamos dilucidar qué ocurrió ahí”.
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Los desaparecidos
Datos de la fiscalía del estado indican que van 400 denuncias por desaparición, secuestro o rapto, pero a decir de Irma Leticia Hidalgo, “siempre la cifra se multiplica por ocho”, la famosa cifra negra de los casos no denunciados.
Jorge Ruiz Reyes, coordinador del Programa de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, comenta que en Nuevo León el promedio para identificar, notificar y entregar los restos de un desaparecido son 400 días.
El académico coordinó el estudio Un sentido de vida, en el que se engloba la experiencia de búsqueda de Fundenl entre 2012 y 2019, para dimensionar el reto de este fenómeno en ese estado.
De acuerdo con la investigación —con base en cifras del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi)—, entre 2006 y mediados de 2018 se habían reportado 4 mil 572 personas desaparecidas en Nuevo León, de las cuales 66.3% son varones y 33.6%, mujeres.
Sin embargo, al detallar los rangos de edades, el estudio destaca que 61.9% del total de mujeres desaparecidas son menores de 24 años; mientras que 51.7% de los hombres desaparecidos tenían entre 24 y 44 años de edad.
Otro punto que indica la investigación es que del total de desaparecidos, 63.5% seguían sin aparecer, 32.6% aparecieron vivos y 3.9% fueron localiza dos sin vida. Al respecto, Ruiz Reyes asegura que las autoridades estatales no dan información suficiente para saber las condiciones en que fueron localizadas las personas con vida, lo que provoca revictimización.
Déficit de personal
Durante una comparecencia ante el Congreso local el mes pasado, el fiscal del estado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, reconoció que en la dependencia había un déficit de 300 agentes y 50 peritos, debido a que el presupuesto disminuyó de 3 mil 221 a 2 mil 963 millones de pesos de 2018 a 2019.
Para atender el tema de la búsqueda e identificación de restos humanos, la fiscalía cuenta con un convenio con la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP) —con sede en Holanda—, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y la estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID).
De acuerdo con el fiscal, el ICMP trabaja con la fiscalía en técnicas científicas para la localización de las víctimas y se coordina con colectivos ciudadanos, el área especializada de la dependencia.
El funcionario explicó que están en proceso de certificación siete agentes del Ministerio Público Investigador, ocho del Ministerio Público Orientador, 37 agentes de la Policía Ministerial, dos analistas jurídicos, un analista investigador A y nueve peritos.
Para dar una idea de la carga de trabajo de la fiscalía y por qué tardan 400 días para identificar y entregar restos humanos, Guerrero Gutiérrez detalló el trabajo del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales entre marzo de 2018 y agosto de 2019.
En ese rango de tiempo se realizaron 5 mil 317 necropsias; 31 mil 693 dictámenes médicos; 49 mil 67 servicios en criminalística-campo; en identificación, 58 mil 867 servicios; 5 mil 395 análisis de balísticas y explosivos; además de 48 mil 718 servicios de sicología familiar y 3 mil 926 en el área jurídica, entre otros más.
