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Villahermosa.— El gobernador de la entidad, Adán Augusto López, envió al Congreso local una reforma constitucional con el fin de reducir 50% las prerrogativas a los partidos políticos.
Esto a pesar de que, el pasado 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló una reforma en el mismo sentido que fue avalada por los legisladores tabasqueños.
Ayer, durante la sesión ordinaria, la Mesa Directiva dio entrada a una propuesta de reforma a la Constitución local, enviada por el Poder Ejecutivo, en la que argumenta que es viable disminuir los recursos que se entregan, como financiamiento públicos a los partidos, debido a que es una exigencia ciudadana invertir en obras sociales.
“Esta medida legislativa se encuentra legitimada en el anhelo de mejorar la calidad de vida de los gobernados, ante la situación adversa en materia económica que se presenta no tan sólo en nuestra entidad, sino además en el resto del territorio nacional, por lo que es a través de la implementación de la austeridad republicana trazada por la Cuarta Transformación que se busca cumplir con el principio de estabilidad de las finanzas públicas”, señala la propuesta.
El pasado 20 de septiembre de 2018, la Cámara de Diputados de Tabasco aprobó una reforma al artículo noveno de la Constitución Política local para reducir 50% el financiamiento público a los partidos, la cual entró en vigor en enero de este año.
Sin embargo, las dirigencias nacionales del PRI, PRD y PVEM, así como la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, órgano jurisdiccional que el pasado 20 de septiembre les dio la razón y la dejó sin efecto, por lo que ahora se le deberá entregar el total de recursos a los institutos.
El mandatario local ha enviado una nueva reforma, porque la anterior fue propuesta de la bancada de Morena, ahora de acuerdo con el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, está más fundamentada y no violenta los derechos de ningún partido, negando que estén desafiando a la Corte y a sus ministros.
“Es una iniciativa de reforma constitucional que se trata de un hecho diferente al cual usted me comenta, o sea, sobre lo cual se pronunció la Corte. Fue una iniciativa que en su momento presentó un grupo parlamentario”, indicó.
El encargado de la política interna agregó: “De ninguna manera, se trata de otro acto de naturaleza jurídica diferente y quien se sienta afectado, pues tiene sus derechos a salvo para hacerlos valer”.
