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Chilpancingo.- La región de Tierra Caliente, en Guerrero, está siendo estrangulada. Alcaldes, diputados de la zona, transportistas y comerciantes mantienen bloqueadas todas vías de acceso para exigir la salida de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Tras cuatro días de bloqueos, la Tierra Caliente comenzó a paralizarse: el transporte público suspendió el servicio, dejaron de entrar y salir los autobuses de pasajeros, los alimentos están dejando de llegar, las tiendas se están vaciando, la gasolina escasea pronto, medicamentos y médicos no llegan.
Alcaldes, diputados, transportistas y comerciantes, como desde el primer día, insisten en que la solución es que la FGE deje de realizar detenciones, cateos, aseguramientos —casi todos— contra la organización criminal la Familia Michoacana.
Tanto los políticos como los empresarios afirman que la fiscalía en sus operaciones está violentando a la población.
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A este coro, se unieron funcionarios del gobierno de Guerrero. La delegada en Tierra Caliente, María Asunción Santamaría Jiménez, pidió a la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, que intervenga para terminar el bloqueo. También afirmó que la razón de los bloqueos es la operación que realiza la fiscalía en la región.
Santamaría Jiménez alertó que si los bloqueos continúan el hospital de Coyuca de Catalán “pronto” dejará de funcionar por la falta de personal, insumos, alimentos para los usuarios, además de que están impedidos para hacer traslados.
El director del hospital general de Coyuca de Catalán, Jexzael Sánchez Martínez, afirmó que a tres días de los bloqueos el nosocomio está a punto de colapsar. Advirtió que no están llegando los medicamentos e insumos y, además, están operando con personal mínimo porque 80 por ciento de la plantilla proviene de otros municipios e, incluso, de otros estados.
Sánchez Martínez, como lo hizo la delegada, pidió la intervención de la gobernadora y afirmó que los que están bloqueando lo hacen por los “abusos” de la fiscalía.
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En una conferencia empresarios de distintos rubros alertaron que la escasez de insumos, alimentos, combustible, además de pérdidas comenzaron a tres días de bloqueos.
Uno de los empresarios alertó que en los campos agrícolas hay unos 400 jornaleros, más sus hijos, que se quedaron sin alimentos y, que por los bloqueos, no les han podido hacer llegar comida.
Incluso, hasta un grupo de Servidores de la Nación del gobierno federal se manifestaron contra las operaciones de la fiscalía.
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Los bloqueos comenzaron la tarde del viernes. Cientos de transportistas bloquearon todos los accesos de la Tierra Caliente tras el aseguramiento de vehículos que, según las autoridades son propiedad de los líderes de la Familia Michoacana.
Horas después, a los bloqueos se unieron por lo menos seis alcaldes y alcaldesas: Cuauhtémoc Mastachi Aguario de Pungarabato (PRI); Bulmaro Torres de Arcelia (PRI); Eusebio Echeverría Tabares de Coyuca de Catalán (PRD); Fredy Vázquez Palacios de San Miguel Totolapan (PRD); Maite Arce Jaimes de Cutzamala (PRI) y Tania Mora Eguiluz de Tlalchapa (Morena).
Un día antes, en el 34 Batallón de Infantería de Ejército, se reunieron 13 alcaldes, los nueve de la Tierra Caliente, tres diputados locales y uno federal con la gobernadora para solicitarle medidas de seguridad una supuesta amenaza de muerte que recibieron por parte de la organización criminal Los Tlacos, una banda rival de la Familia Michoacana.
Horas después de inicio de los bloqueos, gobierno de Guerrero afirmó en un comunicado que son “grupos ligados a la delincuencia organizada los que gestaron bloqueos a diversas vías de comunicación de la región de Tierra Caliente con la finalidad de inhibir los operativos desplegados en la zona”.
Acusó a los alcaldes y alcaldesas de obstruir las acciones de justicia.
De acuerdo a reportes oficiales desde hace más de una década, la Familia Michoacana opera en toda la Tierra Caliente.
Durante todo este tiempo, distintos reportes, han vinculado a los alcaldes y alcaldesas de la región con el crimen organizado.
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asf
