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Chilpancingo.- El secretario de Obras Públicas del ayuntamiento de Chilpancingo, Juan Antonio Luquín Mendoza, denunció que una organización criminal está intentando extorsionar con 33 millones de pesos. “No pagaremos a la delincuencia”, advirtió la dependencia.
La Secretaría de Obras Públicas denunció a través de un comunicado la tarde de este martes, que por la mañana, en la zona norte de la ciudad, fueron colocadas lonas donde lo acusaron de favorecer con obras a la organización criminal Los Ardillos.
Alrededor de las 7 de la mañana, cerca del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla y en la colonia Tatagildo fueron halladas dos lonas con un mensaje directo contra el secretario de Obras Públicas. Las lonas fueron retiradas por la Policía Municipal.
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En las lonas, acusaron a Luquín Mendoza de ser compadre del presunto líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, quien, dice el texto, fue quien lo impuso en el cargo. Además lo acusaron de pedir 20 por ciento del presupuesto a empresarios para adjudicarles obras públicas.
Luquín Mendoza en el periodo 2021-2024 fue secretario de Obras Públicas del ayuntamiento de Chilapa, un municipio donde Los Ardillos operan libremente. “Te avisamos, renuncias o te mueres”, le advierten en el texto.
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“Andan (Los Ardillos) presumiendo que ellos mandan y nadie hace nada, después no se quejen de la violencia”, finaliza la lona.
La aparición de la lona se da justo cuando en la capital comenzó un incremento de asesinatos. En las últimas semanas se han registrado asesinatos en bares, así como en comercios céntricos y como la quema de dos máquinas pesadas que hacían trabajos de desazolve.
Condenan intento de extorsión
Después del mediodía, en un extenso comunicado, la Secretaría de Obras Públicas emitió un comunicado donde explicó que el titular de esa dependencia ha recibido llamadas de extorsión exigiendo 33 millones de pesos.
La dependencia rechazó las acusaciones contra el funcionario y afirmó que sólo buscan desestabilizar el gobierno municipal que encabeza el priista Gustavo Alarcón Herrara, quién tomó el cargo luego del brutal asesinato de Arcos Catalán.
Afirmó que las acusaciones son un intento para someter al gobierno y “un claro esfuerzo por cooptar las funciones del ayuntamiento y utilizarlo como un medio para legitimar y ampliar el ‘cobro de piso’”.
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En el comunicado, la dependencia asegura que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, por la tarde, el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, afirmó que consultó tanto a la FGR como a la Fiscalía General del Estado (FGE) y en ninguna hay una denuncia por extorsión presentada por el ayuntamiento de Chilpancingo.
Rodríguez Cisneros se quejó que el ayuntamiento haya hecho pública la exigencia de los 33 millones de pesos, lo que calificó como irresponsable.
La dependencia municipal pidió al gobierno federal y estatal reforzar la seguridad en el municipio, y que este caso se atienda como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, que anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
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