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Chilpancingo.— La capital de Guerrero estaba ayer rodeada por policías y militares, pero aún así muy pocos se sentían seguros.
Este lunes, todas las escuelas —desde los preescolares hasta las facultades de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro)— amanecieron cerradas. Las calles lucieron semivacías y poco más de la mitad de las unidades del transporte público daban servicio por la mañana.
En las entradas y salidas de la ciudad, policías y militares instalaron retenes de vigilancia y por las calles los rondines de patrullas no cesaron. Los pobladores sólo salieron a atender sus asuntos urgentes y prefirieron guardarse.
En el ayuntamiento, los trabajadores fueron pocos. Una noche antes, el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera (PRI), ordenó que sólo se presentaran las áreas operativas, secretarios, subsecretarios, directores y jefes de área.
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La sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también anunció a los profesores que tendrían su apoyo si decidían no presentarse a clases, ante el silencio de la Secretaría de Educación en Guerrero, que nunca decretó la suspensión de las clases.
Inicio tenso de semana
La capital arrancó esta semana con mucha precaución tras un fin de semana violento.
El domingo, hombres armados quemaron tres unidades del transporte público; el sábado, en el estacionamiento del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, asesinaron a un repartidor de pollo; el viernes dispararon contra un establecimiento de venta de pollo y mataron al dueño.
Este lunes, todavía hacia el mediodía, la ciudad quería retomar su ritmo. Al sur de la capital, decenas de unidades del transporte público que van hacia las comunidades y municipios de Petaquillas, El Ocotito, Quechultenango, Mochitlán y Juan R. Escudero —que según las autoridades están controladas por la organización criminal Los Ardillos— intentaron retomar el servicio.
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Policías y militares resguardaron las unidades, todo estaba listo para que desde ahí saliera una operación que instalaría a los transportistas en sus bases, que abandonaron el domingo para evitar un ataque. La tranquilidad no duró mucho. Apenas iban a dar las 12 del día cuando llegó el reporte de que una Urvan de la ruta Chilpancingo-Chilapa había sido quemada.
La operación se terminó en ese momento: los transportistas que esperaban ser reinstalados en sus bases se retiraron, al igual que los policías y militares.
El chofer le contó a los policías y militares que un hombre se subió a la Urvan y que cuando iban llegando a la base les gritó: “¡se los va a llevar la verga!”.
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“Yo no lo vi bien, cuando gritó miré por el retrovisor, pensé que estaban peleando, me asusté cuando vi que comenzó a rociar la gasolina”, dijo el hombre tembloroso. El atacante roció gasolina en la unidad mientras los pasajeros y el chofer bajaban a toda prisa y luego le prendió fuego.
Mientras el chofer le informaba a los militares y policías lo sucedido, no dejaba de morder un bolillo. El susto le quitó el color, su cara estaba completamente pálida.
Tras este ataque, todo intento por retomar la cotidianidad en la ciudad se derrumbó; a partir de ese momento las Urvan del transporte público desaparecieron de las calles.
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En las paradas quedaron grupos de personas esperando que pasara algún vehículo, otros mejor se fueron caminando.
Muchos negocios cerraron, otros limitaron sus servicios y horarios. Otra vez, las camionetas de Bomberos, de Protección Civil y de la Policía Municipal se convirtieron en el transporte de emergencia.
Todos estos hechos recuerdan la parálisis que vivió la ciudad hace dos años, cuando grupos armados asesinaron a trabajadores de venta y distribución del pollo, además de choferes del transporte público.
En esa ocasión se suspendió el transporte público, las clases y muchos comercios decidieron cerrar. Por días, las calles de Chilpancingo se vieron desoladas.
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Hace justo un año, la ciudad padeció una de sus peores crisis de violencia. El 27 de septiembre de 2024 fue asesinado Ulises Hernández Martínez, capitán del Ejército y exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, quien estaba previsto que fuera nombrado secretario de Seguridad Pública de la capital del estado.
El 3 de octubre, en pleno centro, mataron a balazos al secretario del ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, y tres días después fue hallado decapitado el alcalde, Alejandro Arcos Catalán.
En febrero de 2024 los obispos de Guerrero dijeron haber logrado una tregua entre Tlacos y Ardillos para pacificar la ciudad. No queda claro si esa tregua aún existe.
