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La 66 Legislatura del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para que este organismo atienda las quejas relacionadas con violaciones a los derechos laborales.
Esta reforma ocurre en un contexto en el que decenas de trabajadores del gobierno del estado y del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez han interpuesto quejas ante la DDHPO.
En el primer caso, relacionadas con el decreto por el que se suprimieron mil 344 bases de trabajadores, bajo el argumento de que es inconstitucional e inconvencional; en el segundo, porque han denunciado ser objeto de hostigamiento y acoso laboral para obligarlos a firmar cartas de renuncia.
Hasta antes de esta reforma y desde el año 2011, la DDHPO tenía prohibido conocer de conflictos en materia laboral y emitir recomendaciones a las autoridades estatales o municipales en materia de violación a los derechos humanos de carácter laboral.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local, esta prohibición del organismo únicamente servía de “aliciente para que las autoridades municipales vulneren derechos humanos del ámbito laboral y que el conocimiento de las quejas sobre esa materia quede al arbitrio del organismo protector de derechos humanos”.
“Entonces la necesidad de derogar la disposición en comento no solo radica en que su contenido es contrario al texto constitucional federal, sino también en que ya no sea una base legal al tenor de la cual las autoridades estatales y municipales puedan solicitar a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca deje de conocer de quejas relacionadas con violaciones a derechos laborales”.
También se busca que todas las quejas que se presenten con motivo de violaciones a derechos humanos de índole laboral sean tramitadas por la Defensoría de Derechos Humanos y en su momento se pronuncie sobre la existencia o no de esas violaciones.
“Por otra parte, es importante señalar que la eliminación de la prohibición para conocer de conflictos de carácter laboral, de ninguna manera implicaría convertir a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en un organismo que cuente con facultades y competencia para dirimir los conflictos jurisdiccionales en materia laboral”.
Lo anterior, se precisa en el dictamen, porque ello corresponde actualmente a tribunales en materia laboral del Poder judicial del Estado y a la Junta de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado.
afcl/LL
