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Villahermosa.— Con 24 votos a favor y uno en contra, legisladores de Morena, PRD y PVEM avalaron establecer penas de hasta 20 años de cárcel para quienes extorsionen o impidan total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos y maquinaria para la ejecución de obras públicas o privadas en las vías de comunicación locales, iniciativa que tanto el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (Morena), y el presidente Andrés Manuel López Obrador descartaron que la regulación sea una “ley del garrote”.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo estatal el 25 de julio, y fue discutida y avalada ayer por el pleno del Congreso local en un periodo extraordinario de sesiones.
Previamente el secretario de gobierno estatal, Marcos Rosendo Medina Filigrana, se reunió con legisladores locales para aclarar algunas dudas sobre esa reforma. “A ver señores, la protesta ciudadana es un legítimo derecho que está previsto en la Constitución. Insisto, esta reforma al Código Penal es antiextorsión, en ningún momento, es antimanifestación”, expuso.
Además, anunció una modificación al dictamen, la cual llegó por conducto del coordinador de la bancada del PRD, Agustín Silva Vidal, quien propuso modificar el artículo 308 Bis, que ahora dice: “Ante extorsiones, coerciones, que intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en vías y medios de comunicación de jurisdicción local, a que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a 13 años, y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la UAM”.
Al respecto, el gobernador Adán Augusto López Hernández aclaró que esta reforma no es una medida coercitiva que impida o limite el derecho de los ciudadanos a la libre manifestación de las ideas, al tiempo que señaló que Tabasco “no puede ser el reino de la impunidad, aquí tiene que haber respeto al Estado de derecho”.
“La extorsión es un delito que en Tabasco ocupa el mayor de los índices delincuenciales en todas sus modalidades, y esta reforma pretende, en primera instancia, que haya una mayor penalidad para el delito, pero también se trata de garantizar el derecho de todos a la inversión, al desarrollo (...) dijimos en campaña que íbamos a trabajar para que se terminara la extorsión o el chantaje de grupos de sindicatos, pseudosindicatos”, refirió.
El presidente López Obrador rechazó que se trata de una “ley garrote”. “Tengo información, no es así. Se está buscando corregir un vicio que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para llevar a cabo un trabajo”, dijo.
El mandatario afirmó: “No es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno”. Con información de Alberto Morales
