Mérida.- Para librar la cárcel, el exalcalde de Celestún, Leonel Rosado , y siete exregidores de su administración acordaron "reparar el daño patrimonial" mediante la devolución de los bienes, luego de que fueron acusados por la venta ilegal de dos terrenos municipales a un precio por debajo de su valor real.
En el Centro de Justicia Oral de la ciudad de Umán, Yucatán , los inculpados acordaron pagar en plazos, la cantidad de 400 mil pesos, como reparación de daño, sin embargo, en caso de que no cumplieran el proceso seguirá su curso.
Como se informó, a principios del mes de agosto, Leonel Rosado y siete regidores, además de otras tres personas, fueron vinculadas a proceso penal por su probable participación en el uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, cometidos en pandilla.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, entre el 12 de febrero y 30 de agosto del 2018, ilícitamente los imputados otorgaron enajenaciones sobre dos tablajes catastrales que en ese momento eran propiedad del municipio y que fueron vendidos a tres personas que también enfrentan el proceso penal.
La dependencia indicó que en la sesión de Cabildo de fecha 18 de junio de 2018, el Cabildo de Celestún aprobó la enajenación de dichos terrenos, a pesar de que no se cumplía con todos los requisitos mínimos que prevé el artículo 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios para tal efecto.
Este ilícito favoreció a tres personas que pagaron 400 mil pesos por inmuebles cuando éstos en verdad tenían un valor comercial de 57 millones 245 mil 196 pesos, lo que causó un grave daño al patrimonio municipal.
Hay que señalar que al perito valuador también está acusado por este delito porque se le atribuye participación en estos ilícitos; asimismo, una de las ex regidoras no estuvo presente en la audiencia, por lo que se empleará la fuerza pública el próximo 23 de agosto para que se presente en los tribunales.
Este es el segundo caso en el que un cabildo en Yucatán enfrenta un proceso penal por acto de corrupción, pues el pasado 9 de julio la jueza de Control, Diana Garrido Colonia, imputó al exalcalde de Progreso, José Cortés Góngora, y los regidores de su administración, a quienes acusan de recibir cada uno sobornos por 110 mil pesos por parte de la empresa Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial G.G.
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