Zacatecas.— En julio de 2024 Virginia de la Cruz denunció a gritos las deficiencias en el Semefo de Zacatecas, donde tardaron ocho meses en entregarle el cuerpo de su hijo.
Esto obligó a que la fiscalía pusiera atención en el tema y reconociera que tienen una severa crisis forense en materia de identificación, la cual deben revertir para evitar que se sigan saturando los panteones forenses y las cámaras frías, además de desempolvar la osteoteca, que estuvo años en el olvido.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscal Cristian Camacho Osnaya reconoce que la manifestación de la madre buscadora fue un detonante para destituir e iniciar una investigación en contra de los exdirectivos, pero también para aplicar cambios en la Dirección General de Servicios Periciales, donde descubrieron omisiones, pues muchos cuerpos fueron enviados a los panteones forenses sin que se les practicaran todos los mecanismos de identificación.
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Al pedir un inventario de todos los cuerpos sin identificar, dice que se detectó que no eran 750, como inicialmente se le informó, sino mil 70 que estaban en las cuatro cámaras frías y en los panteones forenses, que datan de 2015, además de encontrar una osteoteca con 247 casos archivados.
Considera que hace más de un año que le tocó asumir las riendas de la Fiscalía de Zacatecas con muchos problemas internos y con una crisis forense que se arrastraba, la cual se evidenció con el caso de Alex, hijo de la madre buscadora Virginia de la Cruz, pues el cuerpo no se identificó de manera científica porque no se cruzó información con áreas internas ni con la Fiscalía de Personas Desaparecidas y seguía sin aplicarse el sistema de huellas dactilares.
Recordó que en 2016 el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia firmaron un convenio para realizar la confronta de huellas dactilares para facilitar la identificación de cuerpos.
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En el caso de Zacatecas, dicho convenio se firmó en 2021. Sin embargo, el fiscal señala que no se aplicó, porque si se hubiera hecho, muchos cuerpos pudieron haber sido identificados.
Tan sólo con este mecanismo, señala Camacho Osnaya, en un año se han identificado 270 cuerpos: 111 corresponden a los cadáveres que fueron llegando en 2024 y lo que va de este año, y 159 son de larga data, de 2015 a 2023.
En 2023 EL UNIVERSAL publicó que el entonces fiscal, Francisco Murillo, informó de la existencia de este convenio con el INE y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En ese momento, refirió que Zacatecas era el segundo estado en inscribirse al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).
En esa ocasión, Murillo admitió que el número de cadáveres sin identificar iba en aumento, por ende, habían crecido las inhumaciones y en las cifras que reveló fue que en 2015 se inhumaron 18 cuerpos; en 2016 fueron 68; en 2019, 65; para 2020 aumentó a 134; en 2022 bajó a 67 y el 30 de septiembre se realizó la última inhumación a su cargo con 88 cadáveres depositados en el panteón forense de Fresnillo.
Cadáveres foráneos
Cristian Camacho asegura que en su administración ya no se ha realizado ninguna inhumación porque se optó por poner en función el sistema del INE, lo que ha evitado la acumulación de más cuerpos.
Precisó que con los resultados “se encendieron las alertas en las fiscalías de otros estados”, ya que se detectó que de los 270 cuerpos identificados en el último año, 64% son originarios o tenían sus domicilios en 25 estados del país.
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Los estados con mayor número de cuerpos dentro del Semefo Zacatecas son: Jalisco (33), Durango (25), Nayarit (10), Chihuahua (10), Coahuila (10), Sinaloa (9), México (9), San Luis Potosí (8), Baja California (8), Aguascalientes (6), Nuevo León (6), entre otros.
Al obtener la huella dactilar de los cadáveres en resguardo y una vez que a través del UNFPA se logró la colaboración con Honduras, Guatemala y El Salvador, debido a que su formato es compatible con el INE, permitió que este año se cotejaran huellas dactilares a un cadáver que dio positivo.
Se trata de un joven hondureño de nombre Erlin, de 23 años de edad, un cuerpo que fue localizado en el municipio de Valparaíso en 2021. Este mes se pusieron en contacto con aquel país y localizaron a sus familiares y el pasado 7 de julio fue enviado a su pueblo.
El siguiente reto, dice el fiscal, es que la mayoría de los cuerpos y restos humanos cuenten con su perfil genético, pero se requiere presupuesto, ya que sacar el perfil genético de un cadáver puede costar 47 mil pesos. Para esto se logró un mecanismo de colaboración con la Universidad de Frankfurt de Alemania que les ha ahorrado 19 millones de pesos.
El convenio es para el procesamiento forense de 172 indicios basados en fragmentos óseos, y 461 muestras de madres buscadoras o familiares de desaparecidos, con los que se busca hacer la confronta. Están a la espera de los resultados.
Rechazan Centro de Resguardo
Guillermina Camacho, integrante del colectivo Sangre de Mi Sangre, quien tiene ocho años buscando a su hijo Jorge Alberto, quien desapareció a los 17 años de edad, menciona que ante estos hechos que ha admitido la autoridad y con el antecedente del caso del rancho Izaguirre en Jalisco, urge la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, porque sólo se ha confirmado que sus desaparecidos pueden estar en otras entidades.
Respecto al nuevo Centro de Resguardo Temporal que construye la Comisión Local de Búsqueda de Personas en el municipio de Guadalupe, y que tendrá capacidad para mil 300 cuerpos, Guillermina dice que espera que éste no se inaugure: “Eso significaría un monumento a la ineficacia y a que no se ha cumplido con el trabajo de las autoridades en identificar a los cuerpos y restos óseos”.
La buscadora menciona que a ella le tocó la indolencia de las anteriores autoridades de la fiscalía: “Sólo nos revictimizaban, juzgaban a nuestros desaparecidos, pero no los buscaban”.
Por lo pronto, ha visto que las nuevas titulares de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y de Servicios Periciales tienen más disposición y realizan búsquedas en campo cada semana.
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Aunque al involucrarse en estos procesos ha visto que hay otras deficiencias que deben atenderse, porque son insuficientes 10 fiscales de investigación en esta materia cuando en Zacatecas hay casi 4 mil desaparecidos, “eso significa que cada fiscal tiene 400 carpetas”.
Urgió al estado para contratar más arqueólogos forenses por ser especialistas indispensables en las búsquedas, así como presupuesto suficiente para que se puedan hacer los estudios genéticos necesarios para acabar con ese rezago que aún se tiene.
