Alejandro Encinas , subsecretario de Derechos Humanos de la , exhortó al Poder Judicial de Jalisco a juzgar con perspectiva de Derechos Humanos a los tres estudiantes de la que fueron encarcelados el jueves pasado debido a que un juez les impuso prisión preventiva oficiosa por defender un predio público y exigir que se destine a un parque.

“Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de @SEGOB_mx damos seguimiento al caso de los estudiantes Javier, Iván y José, detenidos en en un contexto de protesta social. Exhortamos al poder judicial a juzgar con perspectiva de DDHH”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

El jueves pasado, Javier Armenta, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UdeG; Ilich Cisneros, y Alexis Rojas, fueron citados a una audiencia de vinculación a proceso por el delito de despojo, y tras declarar un receso, con reanudación para el martes 10 de enero, el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos les impuso prisión preventiva oficiosa sin escuchar los alegatos de la defensa.

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En marzo de 2021 los tres estudiantes encabezaron la toma de un predio en la barranca de Huentitán entregado por el ayuntamiento en 2008 al grupo inmobiliario español Mecano, que a cambio del terreno entregaría obras de infraestructura que nunca se concluyeron.

A pesar de no cumplir con el contrato y sin aval del ayuntamiento de Guadalajara, en 2012 el desarrollador cedió los derechos del predio a la Operadora Hotelera Salamanca; en 2016 el ayuntamiento, entonces encabezado por el actual gobernador, Enrique Alfaro, inició un procedimiento para recuperar el predio, pero llegó a un acuerdo con la Operadora Hotelera Salamanca a cambio de nuevas obras que debían entregarse en máximo 24 meses a partir de diciembre de 2016.

La empresa nuevamente no cumplió y sin autorización del ayuntamiento vendió el predio en 500 millones de pesos a Hoteles Riviera Delux.

En ese contexto se dio la protesta de los estudiantes y vecinos de la zona, que tras montar un campamento en el predio comenzaron a reforestar y pidieron a las autoridades recuperarlo para hacer un parque.

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Ante esta situación, Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Delux interpusieron una denuncia contra los jóvenes y en agosto de 2021 el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos ordenó el desalojo del terreno con uso de la fuerza pública.

Tanto la FEU como las autoridades de la UdeG han denunciado que el gobernador Enrique Alfaro ordenó la represión contra los estudiantes como parte del pleito que sostiene contra el grupo político que controla la casa de estudios y han solicitado la intervención del gobierno federal.

Además, se ha dado a conocer que el juez que dictó la prisión preventiva oficiosa contra los tres estudiantes es pareja de la exregidora de Guadalajara por Movimiento Ciudadano (partido del gobernador) María Cristina Estrada Domínguez.

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