Chilpancingo.— Hildeberto Salinas Mariche, alcalde de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, primero abandonó el municipio y el pasado 29 de octubre, a un mes de haber rendido protesta como edil, solicitó licencia para separarse del cargo.
Su razón, el acoso del crimen organizado. El 12 de octubre, en pleno centro de Cuajinicuilapa mataron a un dirigente transportista y a su hijo. Al día siguiente, hombres armados quemaron el vehículo del tesorero del ayuntamiento, Roberto Avelino, y ese mismo día atacaron varias viviendas y dejaron dos cadáveres desmembrados en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
Junto con el alcalde, la síndica Estephani Oliva Zárate también pidió licencia.
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La alcaldesa del municipio vecino de San Nicolás, Tarsila Molina Guzmán, también huyó debido a la violencia e inseguridad. Los tres llegaron a los cargos como candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Los alcaldes en Guerrero son el eslabón más débil, los más vulnerables a la influencia de las organizaciones criminales.
El 24 de octubre, en pleno centro de Huamuxtitlán fue privado de su libertad el exalcalde morenista Aurelio Méndez Rosales y su chofer, cuando regresaban de supervisar en comunidades la construcción de los caminos artesanales.
Méndez Rosales y su chofer fueron hallados al día siguiente dentro de su camioneta, ambos asesinados a balazos. El exalcalde había dejado el cargo apenas el 29 de septiembre, no tenía ni un mes.
Estos hechos ocurrieron cuando Guerrero aún no salía del asombro por el brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo, el perredista Alejandro Arcos Catalán.
Munícipes en la mira
A Arcos Catalán no le permitieron gobernar Chilpancingo. Aún no comenzaba su gestión y ya habían asesinado a quien sería el secretario de Seguridad Pública, el capitán del Ejército Ulises Hernández Martínez. Tenía tres días en el cargo cuando acribillaron por la espalda al secretario general del ayuntamiento, Francisco Tapia Gutierréz.
Arcos Catalán, en el cargo hasta el 6 de octubre, día en que fue hallado muerto, encarna la brutalidad ejercida contra un alcalde en Guerrero. La forma en que fue asesinado y exhibido no tiene precedente.
Sin embargo, no ha sido el único. En lo que va de 2024, tres alcaldes —dos en funciones y uno electo— fueron asesinados.
El 16 de junio, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, un grupo armado mató al alcalde electo de Copala, Salvador Villalba Flores, en el autobús en que iba.
Sobre este caso hay versiones que apuntan a un desacuerdo con el grupo criminal Los Rusos y, otra, de que el crimen es parte de la crisis política en el municipio.
Cuatro días después, en Malinaltepec, en La Montaña, civiles armados asesinaron al alcalde Acasio Flores Guerrero.
Factor de desestabilización
En los últimos tres años, los alcaldes fueron un factor principal para desestabilizar ciudades completas. Fue un periodo donde se hizo más evidente la complicidad de las autoridades locales con las organizaciones criminales.
En octubre de 2022, en una masacre fue asesinado el alcalde de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, eran las dos de la tarde. En el ataque murieron otras 18 personas, entre funcionarios y policías municipales y civiles.
Meses después, en 2023, salieron a la luz las reuniones que la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, sostenía con el presunto líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, con quien, se advierte, se reunió en al menos una ocasión.
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A la fecha no se sabe si la fiscalía local o federal la investiga. Lo que sí pasó fue que la ciudad sufrió una de sus peores crisis de violencia durante su gobierno.
Otro caso es Taxco. El 1 de octubre pasado, al día siguiente que Mario Figueroa Mundo dejó la alcaldía de Taxco, su hijo mayor fue detenido junto a su escolta. Los dos son procesados por el delito de desaparición de personas. El 12 de octubre fue detenido otro de sus hijos del exedil por el mismo delito.
A casi un mes de que Figueroa Mundo dejara el cargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) junto al Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal implementaron una operación en la comandancia de la policía de Taxco, detuvieron a 10 agentes, todos acusados de desaparición forzada y homicidio, entre ellos el subdirector de la corporación, Cristofer Guillermo Rodríguez. El secretario de Seguridad Pública de Taxco, Cristopher Hernández Cuevas, La Sombra, está prófugo.
Durante el gobierno de Figueroa Mundo esa ciudad se convirtió en un lugar de terror.
Era un secreto a voces la forma en que Figueroa Mundo llegó al poder. Se documentó cómo La Familia Michoacana presionó a decenas de comisarios y pueblos para que votaran por el ahora exalcalde. Eso tuvo un precio: durante la administración de Figueroa Mundo esta organización criminal endureció su presencia, estaba metida en casi todo. Tomaron el control de los productos de la canasta básica, impusieron los precios y su distribución.
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Toda la población sufrió la extorsión. Los asesinatos y las desapariciones aumentaron como nunca. Desaparecieron policías, trabajadores del ayuntamiento y reporteros, y se desconoce si se investiga a Figueroa Mundo.
Un día antes de que rindiera protesta como alcalde de Copala, fue detenido el capitán de la Marina retirado Rogelio Lozano Pérez, acusado del delito de desaparición. Era el suplente del alcalde electo asesinado, Salvador Villalba.
En Copala, este último proceso electoral estuvo marcado por la violencia. Aún no iniciaba y a finales de junio de 2023 hombres armados se llevaron a Jesús González Ríos, dirigente del PVEM y aspirante a la alcaldía. Estuvo desaparecido dos días. Al tercero, apareció muerto.
Días después, la familia de González Ríos publicó en redes sociales un video en el que el candidato denunció amenazas de la entonces alcaldesa de Copala, Guadalupe García Villalva, para que no compitiera por la alcaldía en 2024.
García Villalba ahora es diputada local por Morena.
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La Tierra Caliente
En la Tierra Caliente se vive una tranquilidad inquietante. Los homicidios se han reducido debido al control casi absoluto que impuso La Familia Michoacana en complicidad con los alcaldes.
Aquí, en mayo de 2023 y durante tres días, ocho de los nueve ediles de la región bloquearon la carretera federal Altamirano-Iguala para impedir que la FGE se llevara 12 vehículos, algunos de lujo, eran propiedad de los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, presunto líderes de La Familia Michoacana.
De esos ocho, tres se reeligieron: la de Cutzamala del Pinzón, la priista Mayte Arce Jaimes; la de Tlalchapa, la morenista Tania Mora Eguiluz, y el alcalde de Tlapehuala, el priista José Luis Antúnez Goicochea.
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Las familias de Arce Jaimes y Mora Eguiluz tienen el control en sus municipios desde hace más de 12 años, se han ido pasando el poder entre padres y hermanos.
En Coyuca de Catalán, el alcalde, el perredista Eusebio Echeverría Tabares, no se reeligió, pero puso de candidata de la alianza PRI, PRD, PAN a su hija, Esbeydi Echeverría.
Pungarabato es un caso similar. Reynel Rodríguez Muñoz fue diputado federal por el PRI en la anterior legislatura, fue alcalde en los periodos 2012-2015 y 2018-2021; es decir, dejó la alcaldía por irse a la diputación federal, pero este 2024 su esposa Brenda Janeth Núñez recuperó el ayuntamiento para la familia.
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La Costa Grande
La más reciente crisis de violencia en Guerrero es el municipio de Tecpan, en la Costa Grande. Un comando armado irrumpió la madrugada del 24 de octubre en la cabecera municipal. Hasta este fin de semana sumaban más de 38 los asesinatos.
Horas después de la irrupción, el comando armado, que se identificó como Grupo Nueva Generación (GNG), difundió un video. Dijeron que iban por los líderes de la organización criminal Los Granados y pidieron a la alcaldesa, la morenista Alba Soberanis Hernández renunciar porque llegó con el apoyo de Los Granados. Aquí el conflicto aún no termina.