Cuernavaca.- El presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, entregó al presidente del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala, una iniciativa de ley para castigar con 7 y hasta 15 años de prisión a quién porte mensajes amenazantes relacionados con el delito de extorsión.
La iniciativa incluye una adición del artículo 246 Bis al Código Penal para el Estado de Morelos, a fin de que se castigue a aquellas personas que lleven consigo mensajes escritos amenazantes, así como una reforma al artículo 7 de la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, que busca prohibir los permisos de circulación emitidos en otros estados.
Lo anterior, debido a que en 2023 el 80% de los homicidios cometidos en Cuautla se usó una motocicleta para la comisión del delito, y que su mayoría son robadas y portan permisos para circular de otras entidades federativas, por lo que se pretende regularizarlas.
Arredondo, edil de Morena, consideró necesaria esta adecuación al Código Penal porque en el 2023 se registró un aumento del delito de extorsión en Cuautla superior al 229 por ciento, con respecto al 2022.
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También dijo que actualmente se han detenido a personas que iban en camino a entregar mensajes y cartulinas para extorsionar a negocios, pero desafortunadamente esta participación en la cadena delictiva eso no se considera delito en la legislación actual.
La pena que propone la Iniciativa es de 7 a 15 años de prisión y multa de 200 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA). Actualmente, la pena por el delito de extorsión es de 15 a 20 años de prisión, y multa de 800 UMAs.
De acuerdo a la justificación de la iniciativa, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2023 se registraron en Morelos 12 extorsiones por cada 100 mil habitantes, con lo cual el estado se ubicó como el sexto con mayor número de extorsiones en el país.
Con esta iniciativa, dijo el alcalde al entregar la propuesta al presidente del Congreso estatal, Francisco Sánchez Zavala, se busca subsanar un vacío jurídico puesto que se han detenido personas con mensajes de extorsión, pero con la sola portación del mensaje no se configura el delito. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el delito de extorsión es el que menos se denuncia, con una cifra negra con 97.4% durante 2022.
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