El alcalde de Teuchitlán, el emecista José Ascensión Murguía Santiago, fue vinculado a proceso la noche de este 9 de mayo por el delito de delincuencia agravada por tratarse de un servidor público; además se le impuso prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso y se otorgó a la Fiscalía General de la República un plazo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria.
Durante la audiencia que inició pasadas las 13:00 horas del viernes en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande y concluyó casi a la media noche, la defensa se concentró en tratar de desestimar los testimonios de cuatro de los ocho testigos de identidad protegida que presentó la FGR a puerta cerrada el pasado domingo 4 de mayo, cuando el edil fue imputado.
Los abogados defensores explicaron que a pesar de que la Fiscalía refirió casi 100 pruebas en la audiencia de imputación, sólo se ocuparían de contradecir los testimonios de cuatro testigos, ya que el resto se centra en explicar cómo opera y está estructurada la maquinaria de reclutamiento forzado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Región Valles del estado y no se relacionan con las acusaciones hacia su cliente.
También plantearon un debate de técnica jurídica para intentar demostrar que la imputación formulada por los fiscales sobre la presunta colaboración de Murguía Santiago con el Cártel de Jalisco Nueva Generación en su calidad de edil no se sustentaba porque no estaba en funciones durante la temporalidad en que lo ubicaron los testigos referidos por la FGR.
En ese punto mostraron el acta de cabildo del 30 de enero de 2024, donde se le otorgó licencia al presidente municipal a partir del 1 de marzo de 2024 para separarse del cargo y buscar la reelección en los comicios de ese año, por lo que no era servidor público en los momentos que lo señalan algunos testigos.
En su argumentación la defensa se quejó de que en marzo pasado la FGR citó a declarar en dos ocasiones a Murguía Santiago en calidad de testigo por los hechos ocurridos en el Rancho Izaguire y ambas veces el agente ministerial hizo preguntas inducidas que llevaron al aún alcalde a autoincriminarse, lo que fue usado para solicitar la orden de aprehensión en su contra; los defensores afirmaron que con esto se violaron los derechos humanos del edil.
¿Por qué creerle a los testigos?
La estrategia de los abogados defensores para intentar desarmar la teoría del caso de la FGR inició con el interrogatorio a la secretaria particular de Murguía Santiago, quien testificó que lo acompañaba casi todo el tiempo, que tenía acceso a su agenda personal y su teléfono; ella consideró que el presidente municipal no pudo hacer nada de lo que se le acusa porque “es muy miedoso” y aseguró que el 5 de mayo de 2024, día en que uno de los testigos de identidad reservada lo ubicó en el Rancho Izaguirre en compañía de Gregorio Lastra Hermida, supuesto encargado del reclutamiento forzado del CJNG, el edil estuvo haciendo campaña electoral y terminó después de las 23:00 horas.
También se refirieron los contenidos de seis entrevistas a policías municipales de Teuchitlán que afirmaron no saber nada de la existencia del Rancho Izaguirre y de cómo opera el CJNG en la región; además, para mostrar que Murguía Santiago desconocía la ubicación del rancho se citó la declaración de un bombero que aseguró que el 11 de marzo de 2025 lo acompañó a llevar agua a las madres buscadoras que habían llegado al predio, pero se perdieron en el camino porque el edil no conocía las brechas.
Incluso se invocaron las declaraciones del Oficial Mayor del ayuntamiento, quien negó que el alcalde prestara maquinaria del municipio al grupo delictivo para cavar fosas en el Rancho Izaguire, como lo estableció la Fiscalía, y la del dueño de un bar que negó que en su establecimiento el edil se reuniera con los líderes regionales del Cártel, como lo aseguró otro de los testigos de la FGR.
Finalmente, los defensores cuestionaron que la Fiscalía presentara declaraciones de ocho testigos de identidad reservada sin los debidos controles judiciales para justificarlo, pues eso los puso en desventaja, por lo que solicitaron a la juez desecharlos.
En respuesta, los representantes sociales se negaron a entrar en el debate técnico planteado por la defensa argumentando que no era el momento procesal ni el lugar para hacerlo en los términos que lo expuso su contraparte y se concentró en señalar que un acta de cabildo no exime al alcalde de todo o que se le acusaba a lo largo de sus dos periodos de gobierno.
Además, pidieron desestimar las declaraciones de la secretaría particular del presidente municipal por ser su pariente lejana, las de los policías, el bombero y el oficial mayor por ser subordinados del edil y la del dueño del bar ya que a pesar de reconocer que permite la entrada a menores de edad, nunca ha sido sancionado por el ayuntamiento.
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Respecto a la veracidad de sus testigos, los fiscales indicaron que se trata de víctimas directas, que estuvieron en el Rancho Izaguirre y señalan al edil como alguien que colaboró con el grupo delictivo; explicaron que no se requiere autorización judicial para entrevistar víctimas y que la ley establece claramente cuándo es necesario reservar su identidad para protegerlas.
Señalaron que de los testimonios de estos testigos se derivaron una serie de cateos en los que se localizaron armas y equipo táctico con las siglas del CJNG y drogas con etiquetas de un sapo y el 090, que se refieren a un alto mando del grupo delictivo.
Insistieron en que esa etapa del proceso era preliminar y habrá tiempo para hacer una investigación complementaria en la que podrán tomar declaraciones de muchos más testigos.
Pasadas las 18:00 horas la jueza Juana Beatriz Aguilar Jiménez, estableció un receso para analizar los argumentos de las partes y tomar una decisión; a esa hora el medio centenar de personas que se manifestaban fuera de las instalaciones del Centro de Justicia Penal para mostrar su apoyo al alcalde de Teuchitlán se habían retirado.
A las 21:00 la jueza reanudó la audiencia y durante casi dos horas deshilvanó sus argumentos, enfocados principalmente a explicar que los testigos presentados por la defensa emitían opiniones mientras que los de la Fiscalía aportan datos y hechos, razón por la cual tomaba la decisión de vincular a proceso a José Ascensión Murguía Santiago.
afcl
