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Monterrey.— La confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo de Nuevo León parece estar lejos de terminar. Ahora, ambos poderes disputan la designación de un nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El PAN y el PRI en el Congreso estatal, al no contar con los 28 votos (mayoría calificada) necesarios para designar como nuevo auditor a Alejandro Reynoso Gil —quien al ser auditor especial de Municipios le correspondería por ley—, lo nombraron encargado del despacho por tiempo indefinido.
La jugada se materializó al renunciar el titular de la ASE, Jorge Galván, tres días antes de que concluyera su periodo.
La Ley de Fiscalización y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado señalan que ante la falta del auditor, el primero a considerar será el auditor especial de Municipios.
El gobernador Samuel García ya había anticipado su rechazo a Reynoso Gil como nuevo auditor, al afirmar que es un “facturero” que obedece a los intereses del Grupo San Nicolás que lidera el exalcalde de dicho municipio, el panista Zeferino Salgado, y al conocer sobre su designación como encargado de despacho, reprochó “estos cínicos y ratas del PRIAN lo nombraron”.
La mayoría del PAN y el PRI continuaron este miércoles con el proceso para tratar de designar con al menos 28 votos a quien ocupe el cargo de nuevo titular de la ASE por los próximos ocho años, y escucharon las presentación de su historia de vida profesional y propuestas para cumplir con el encargo, en caso de ser favorecidos, a los contadores Agustina Hernández Hernández, Ricardo Thompson González y al mismo Alejandro Reynoso Gil.
Integrantes de la bancada de MC intentaron hacer preguntas a los mencionados, pero el presidente del Congreso, el panista Mauro Guerra, les advirtió que no estaba permitido.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora del grupo legislativo de MC, afirmó que intentaba preguntarles si eran socios de Constcomer S.A. de C.V., una empresa supuestamente facturera que, afirmó, está siendo investigada por delitos de defraudación fiscal por la Fiscalía General de la República.
