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Mérida, Yucatán.- Este viernes, unas 15 personas afectadas por fraudes inmobiliarios tomaron las oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Mérida, donde bloquearon todos los accesos al edificio.
Estas manifestaciones iniciaron desde el año 2022, cuando comenzaron a denunciar que las constructoras no cumplían con la entrega de las viviendas prometidas.
En enero del 2025, el delegado del Infonavit en Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal por el presunto fraude.
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A nivel nacional el caso llegó hasta la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de un megafraude que también afectó a Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México.
Los manifestantes recordaron que estuvieron pagando por más de 2 años las viviendas que “adquirieron” mediante un crédito de la línea 3 del Infonavit en fraccionamientos de Hunucmá, Umán y Kanasín, aunque les entregaron casas sin servicios o de plano inconclusas.
Afirmaron que se estableció un plazo de 6 meses para la terminación de varias casas aunque afirman que no se ha realizado ninguna acción.
Señalaron que el Infonavit está priorizando la construcción de viviendas del bienestar en lugar de ayudarlos con el problema que enfrentan.
Desde las 8:00 de la mañana, los manifestantes, encabezados por Rosa María Urbina, señalaron directamente a las empresas constructoras Sucovisa, Comasa Soluciones y la financiera Yavo Capital, así como a funcionarios como Olga Aranda, José Bernardino Chuil Chan, Carlos Enrique Carrillo Farfán y Víctor Rosales Aranda.
Los afectados demandan la entrega inmediata de sus viviendas ubicadas en los fraccionamientos Jerusalén de Umán, Zoola de Umán, Bosques de Kanasín y Luna Kin Hunucmá, así como una auditoría externa del caso.
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Este caso involucra a 178 familias que fueron víctimas de un presunto esquema fraudulento operado presuntamente por la familia Mañé Uribe (Moshé Álvaro, José Ricardo y Cristian Jesús Mañé Uribe), quienes a través de las constructoras mencionadas recibieron los pagos completos por viviendas que nunca entregaron.
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