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13 de mayo/ Cancún, Q. Roo.- Como parte de un juicio de amparo promovido contra el Tren Maya, fueron presentadas pruebas periciales que advierten que el megaproyecto genera y generará “daños ambientales graves” que se extenderán hasta el 2050 en la región, con impactos negativos a los derechos humanos de quienes habitan Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
El juicio de amparo fue presentado por pueblos originarios, comunidades indígenas, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil de la Península de Yucatán, que reclaman violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano y la ausencia de una evaluación integral de los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos del megaproyecto en los siete tramos que abarcan las vías del ferrocarril.
Los peritajes concluyen que el proyecto no fue sujeto al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), como exige la legislación ambiental mexicana.
En su lugar, las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) fueron presentadas de forma separada por tramos y componentes, entregadas en distintos momentos y sin articulación entre sí, sin contar que antes de ellos, se dio inicio a las obras.
El haber evaluado el megaproyecto por partes y no en conjunto, “impidió identificar los efectos acumulativos del proyecto y, por tanto, aplicar medidas de mitigación, compensación o restauración eficaces”.
Además, los peritajes documentan que las medidas de mitigación propuestas por el proyecto son “ineficaces o inaplicables”.
“Se han instalado pasos de fauna en zonas sin grandes vertebrados, no hay claridad sobre la disposición final de materiales y residuos de las diversas construcciones, y no existe una estrategia de restauración ambiental que corresponda a la magnitud del daño”, indicó un bloque de organizaciones, mediante un comunicado.
Entregados al Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, que concentra todos los asuntos legales vinculados con el megaproyecto, los peritajes fueron elaborados por un equipo interdisciplinario de especialistas con sólida experiencia en impacto ambiental, conservación biológica, biogeografía, restauración ecológica y biología de la conservación y muestran proyecciones para los años 2030 y 2050.
A pesar de la solidez de la evidencia, organizaciones civiles denunciaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) “ha retrasado el cierre del juicio con solicitudes de prorrogas que no tienen sustento, obstaculizando el avance del proceso judicial”.
“Este patrón dilatorio parece orientado a prolongar el juicio hasta la reestructuración del juzgado por las elecciones, lo que vulnera el derecho a la justicia pronta y expedita”.
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Lo anterior fue expuesto por organizaciones como CartoCrítica, el Centro Comunitario U kúuchil k Ch'i'ibalo'on, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Kanan Derechos Humanos, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, SOS Cenotes-Playa del Carmen, Territorios Diversos para la Vida – TERRAVIDA y Voces Unidas de Puerto Morelos.
El bloque ciudadano informó que la audiencia constitucional para resolver la demanda de amparo ha sido fijada para el 4 de junio, fecha en que el Poder Judicial Federal determinará si protege los derechos de los pueblos, los ecosistemas de la Península y el futuro climático del país “o si cede ante los intereses políticos y económicos detrás del proyecto”.
“Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial Federal a resolver ya, con base en las pruebas periciales y documentales que evidencian múltiples violaciones a los derechos ambientales y territoriales. La decisión que se tome sentará un precedente histórico sobre el papel del Poder Judicial ante megaproyectos de alto impacto social y ecológico.
“Solicitamos que el Juzgado otorgue el amparo para detener la destrucción ecológica en curso, restaurar los daños ocasionados, garantizar el respeto a los derechos de los pueblos y al equilibrio ecológico de la región y ordenar la cancelación definitiva del Tren Maya”, subrayaron.
¿Qué advierten las periciales?”
Las conclusiones, a decir de las organizaciones firmantes, son claras: “el Tren Maya ya está generando afectaciones profundas y sostenidas y los escenarios para 2050 advierten:
- Fragmentación de ecosistemas y pérdida de conectividad biológica
- Áreas relevantes como Calakmul, en Campeche y Sian Ka’an, en Quintana Roo, sufrirán mayor presión por desarrollos turísticos y urbanos, lo que disminuye su funcionalidad ecológica.
- Pérdida del 20 por ciento de la cobertura natural en la región, lo que representa 2 millones 052 mil 393 hectáreas, equivalente a 13.73 veces el tamaño de la Ciudad de México.
- Afectación a especies amenazadas y endémicas, como el jaguar, el tapir y el pecarí
- Disminución de funciones ecológicas fundamentales, como la polinización, la dispersión de semillas, el control de plagas y la captura de carbono.
- La capacidad de captura de carbono bajará del 72 por ciento al 53 por ciento del territorio.
- Aceleración del cambio de uso de suelo y expansión urbana desordenada.
- El área destinada a la agricultura crecerá en un 64 por ciento, lo que representa un aumento de 1 millón 001 mil 018 hectáreas, equivalente a 20.51 veces el tamaño de Cozumel.
- La cobertura pecuaria aumentará en un 37 por ciento, con 978 mil 885 hectáreas adicionales, lo que equivale a 2.45 veces el tamaño de Tlaxcala.
- La cobertura urbana crecerá un 24 por ciento, con un aumento de 72 mil 490 hectáreas, lo que representa 101 mil 526.37 veces el tamaño de un campo de fútbol profesional.
- Aumento en la presión sobre recursos naturales como agua, energía y alimentos.
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