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Integrantes del Ejido El Bajío de Caborca, Sonora, denunciaron que han tenido que defender sus tierras con un rosario de juicios, luego de que Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), vendiera de forma ilegal 571 hectáreas a la minera Penmont S de RL de CV, filial de Grupo Fresnillo. El área tiene una vasta riqueza en oro.
El conflicto refiere a una dotación de terrenos ejidales otorgada del 18 de agosto de 1971. En ese entonces se entregaron 19 mil 700 hectáreas a 77 beneficiarios, entre ellos, la familia Cruz, que recibió 2 mil 460 hectáreas de uso común.
José Cruz Pérez, representante de los ejidatarios del área de uso común que están en conflicto con la minera Penmont, entregó a ELUNIVERSAL documentos sobre los diversos juicios que han tenido contra la minera años atrás, hasta arrebatarles una parte de sus terrenos, con el Titulo Número 1021745, en junio del 2017.
Cruz Pérez explicó que las antiguas autoridades federales primero se aventaron la “picarada” de denominar de manera ilegal, como terreno nacional, una cuchilla que trazaron entre dos ejidos, afectando al ciento por ciento a “El Bajío”. Tras hacer ese movimiento en documentos, la Sedatu se lo tituló a la minera.
La extitular de la Sedatu fundamentó su acción, entre otras legislaciones, en el primer párrafo del artículo 27 de la Constitución Mexicana, así como los artículos 161 y 162 de la Ley Agraria, también incluyó el reglamento interior de la Sedatu.
“He tenido a bien expedir el presente Título de Propiedad a favor de Minera Penmont S de RL de CV sobre el predio “El Bajio” localizado en el municipio de Caborca, estado de Sonora”, se señala en un documento rubricado por Rosario Robles como secretaria de Desarrollo Agrario; Enrique González, Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Luis Armando Bastarrachea, Director General de la Propiedad Rural.
Una lucha añeja
El problema entre la minera y los ejidatarios es añejo. El gobierno de México autorizó a Penmont realizar actividades de explotación minera desde el año 2002 hasta el 2013, cuando el Tribunal Unitario Agrario número 28, con sede en Hermosillo, resolvió a favor de los ejidatarios encabezados por José Cruz.
Al año siguiente, el 12 de abril, el actuario ejecutor de dicho tribunal hizo entrega física y jurídica de 865 hectáreas de uso común a los ejidatarios. Esto se asentó en las diligencias de cumplimiento, como en las complementarias de fecha 14 de marzo de 2016 y 17 de noviembre del 2017.
Fue hasta mediados de mayo del 2019 que los ejidatarios se enteraron que Rosario Robles Berlanga hizo títulos ilegales sobre sus terrenos, que presumen pueden ser falsos y vendió a la minera Penmont.
En virtud de lo anterior se presentó la demanda ante el Tribunal Agrario 28, con sede en Hermosillo, donde mediante auto de radiación del expediente 297/2019, del 8 de julio del 2019, se decretaron y concedieron medidas precautorias consistentes en que las cosas se mantengan en el mismo estado en que se encontraban hasta que se resuelva en definitiva la demanda.
Ambas partes fueron notificadas que los demandados no debían introducirse al terreno ejidal.
