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Pachuca.- La diputada local de Hidalgo por Morena, Susana Angeles Quezada realizó un desacato a una orden judicial para suspender la designación de Consejeros propietarios y suplentes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAHI) en Hidalgo, que este día tomaron posesión, por lo que podría ser sujeta de cárcel, destitución e inhabilitación de cargos públicos.
La diputada, presidenta de la mesa directiva de la diputación permanente, Corina Martínez, dio a conocer que a sus oficinas le fue enviado un documento donde su compañera, la legisladora Susana Angeles Quezada, conocía sobre un mandato judicial que advertía la suspensión del nombramiento de consejeros, el cual omitió informar a los integrantes de la legislatura y continuó con el proceso hasta la votación y designación en el pleno.
Ademas acusó que la legisladora respondió al ordenamiento del juez con papelería de la legislatura, lo que dijo involucra a los 30 diputados, hecho que consideró grave y necesario de explicar y transparentar.
Por su parte el quejoso en este asunto es Hugo Armando Vázquez Resendiz, quien señaló, que decidió interponer un amparo bajo el número 1439/2019-4, al considerar que no se valoró debidamente la documentación y experiencia para que pudiera participar en la designación.
Durante el proceso, el juez segundo de distrito Oscar Gregorio Herrera Perea, ordenó la suspensión definitiva y se señaló que se podía continuar con el proceso de designación de los cinco comisionados propietarios y suplentes, pero se tenía que abstener de realizar la designación.
Sin embargo, la diputada, quien es la presidenta de la primera Comisión permanente de transparencia y anticorrupción, no informó sobre este procedimiento y el 17 de diciembre del año pasado presentó ante el pleno el dictamen por el cual se designó a los comisionados.
Ante ello el viernes pasado el juez envió un requerimiento para que en 24 horas la legisladora cumpliera con la suspensión y rectificara los errores en que incurrió, de no hacerlo será denunciada ante el ministerio público.
Con estos actos, Susana Angeles incurrió en un desacato, al no informar a sus compañeros sobre el amparo y seguir con el procedimiento, además de que al contestar la ordenanza señala el sobreseimiento del acto, lo cual se informó es mentira ya que el mismo quedó inválido con el acto de suspensión definitiva.
Ricardo Baptista, coordinador de la bancada de Morena, consideró el hecho como sumamente grave por lo cual dijo es necesario que se reúna la junta de gobierno para analizar el caso y en el tema de las sanciones corresponderá al ministerio público y determinarlas.
Se señala que de no corregirse la designación, es decir, la reposición del proceso, la diputada puede ser sancionada con cárcel, destitución de la diputación e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
