Más Información
Juchitán.— Representantes de organizaciones ambientales, activistas defensores de derechos humanos, del territorio y de los recursos naturales del Istmo de Tehuantepec condenan y rechazan el acuerdo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que establece que los proyectos de infraestructura que realiza su administración deben considerarse de seguridad nacional.
Los pueblos indígenas del sur de Oaxaca, en donde se ejecuta un conjunto de grandes proyectos en el marco del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec que engloba al Corredor Interoceánico, no permitirán que ese acuerdo viole sus derechos, expresan por separado dirigentes sociales.
Para el coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, en el mensaje del Presidente “se percibe un tono similar al del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, del PRI represor”. Y advierte que se corre el riesgo de que suspenda las garantías individuales en caso de protestas.
“Sólo falta que el actual gobierno reviva el artículo 145, que existió en el Código Penal de 1968, y nos convierta en disolutos”, dice extrañado de intelectuales que se dicen de izquierda y que no dimensionan los riesgos de este acuerdo.
En el Istmo, asegura el defensor ambiental, dicho decreto se va a encontrar una “resistencia indígena muy fuerte”, porque el panorama es “terrible y peligroso”, y abre las puertas para la suspensión de garantías y la violación de los derechos humanos ante protestas campesinas, como bloqueos y mítines, hasta llegar a la represión.
El escenario, añade, es peligroso para el Istmo y para todo lugar del país donde haya megaproyectos.
Faltas a las leyes y convenios
Para Betina Cruz Velázquez, representante de la Asamblea Popular por la Defensa de la Tierra y el Territorio del Istmo, con dicho acuerdo, las consultas y las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) pasarán sin problemas, no serán obligatorias, y con ello se violan la Constitución, leyes reglamentarias y convenios internacionales.
Precisa que el acuerdo atropella derechos de los indígenas, y por eso, los defensores de la tierra y del territorio alistan amparos y controversias, con la finalidad de impedir que prosperen esas “políticas autoritarias” que atentan contra las libertades.
Según información del propio gobierno federal, el Plan para el Desarrollo del Istmo contempla la modernización del Tren Transístmico; la construcción de un gasoducto desde Jáltipan, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca; la modernización de los puertos comercial y petrolero de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y la instalación de 10 parques industriales, entre otras megaobras.
La preocupación de activistas y defensores del territorio de los pueblos del Istmo sobre estas obras es mayúscula, sobre todo porque la inversión federal prevista para 2022 en el área del Corredor Interoceánico supera los 10 mil millones de pesos, recursos cuyo ejercicio debe transparentarse.
Y porque la mayor parte de esos megaproyectos que se ejecutan en el Istmo aún no terminan sus procesos de consulta, que dejaron inconclusos el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde marzo de 2020, amparados por la suspensión de asambleas por la pandemia. Mientras tanto, las obras del tren, por ejemplo, continúan pese al rechazo de comunidades ayuujk y campesinos.
Tan sólo en el tramo de 56 kilómetros que comprende el poblado de Mogoñé (San Juan Guichicovi), a Ubero (Matías Romero), los trabajos de cambio de durmientes, rieles, cortes de curvas y pendientes del Transístmico, a cargo de la empresa La Peninsular, de Carlos Hank Rhon, están suspendidos por acuerdo de asambleas campesinas desde junio de 2020.
Irma Pineda Santiago, representante de los pueblos indígenas de México en la ONU, dice que esto da margen a que se despoje a los pueblos de sus recursos y se pasen por alto las consultas: “Nos parece grave para las comunidades indígenas. Hay riesgo de que se omitan consultas libres, previas e informadas, lo que atropellaría derechos humanos, ambientales y a la consulta”.
