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Cancún.- La asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) anunció que interpondrán un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, en torno a la decisión del Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, de revocar las tres suspensiones definitivas que concedió para frenar las obras del Tren Maya en el Tramo 5 Sur.
“Esperamos que el Juzgado Primero de Distrito y el Tribunal Colegiado correspondiente a Yucatán, no cedan a presiones del gobierno federal que, claramente, utiliza todo su poder para continuar gastando el erario en destrozar la naturaleza.
“Todavía tenemos mucho que argumentar y qué defender. Y no vamos a desistir”, afirmó la asociación con sede en Cancún, mediante un comunicado.
Este miércoles fue publicado en estrados digitales, que el juez Adrián Fernando Novelo Pérez consideró que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), había cumplido las condicionantes 2, 3 y 5 que obran en el resolutivo SGPA/ DGIRA/ DG- 03703-22, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autorizó –el 20 de junio en materia de impacto ambiental– las obras que van de Playa del Carmen a Tulum, selva adentro.
El juzgador había condicionado la vigencia de las suspensiones definitivas otorgadas en los expedientes 884/ 2022, 923/ 2022 y 1003/ 2022, al cumplimiento de esas condicionantes, que incluyeron la presentación de una fianza por 188 millones 343 mil 724.60 pesos, garantizada por el Fonatur el pasado 28 de julio.
DMAS consideró que esta decisión dejó “en total indefensión” a la naturaleza, al dar por cumplidas un par de condicionantes como parte de un proceso extemporáneo, para el cual se violentó el marco legal vigente.
Ocurre que, en su resolución del 20 de junio, la propia Semarnat estableció que los diversos programas solicitados al Fonatur debían presentarse “previo al inicio de cualquier obra o actividad relacionada con el proyecto”, pero la devastación de la selva inició en febrero y fue denunciada en marzo, es decir, antes de que el proyecto en el Tramo 5 Sur fuese siquiera evaluado y mucho menos, autorizado.
Además, el Fonatur no ha obtenido el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, a que obliga la Ley Forestal y la propia Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).
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“Las condicionantes debieron cumplirse previo al inicio de la obra, lo cual inició en marzo de 2022, y fue una farsa, donde no se evaluó absolutamente nada y donde aún está pendiente el cambio de uso de suelo forestal que no podrán tramitar”, expuso la asociación.
DMAS afirmó que las suspensiones definitivas deben mantenerse hasta que el juez resuelva de fondo y dicte sentencia, lo que será acreditado ante el Tribunal Colegiado.
“Vamos a recurrir esta resolución ante el Tribunal Colegiado porque las obras han sido ilegales desde el inicio, y lo siguen siendo, y se deben mantener suspendidas hasta que resuelva el fondo de un asunto.
“Hoy también se demanda a Semarnat el otorgamiento de ese resolutivo de impacto ambiental extemporáneo, ambiguo, contrario no solo a la ley que regula el equilibrio e impacto ambiental, sino contrario también a normas federales y programas de ordenamiento ecológico aplicables”, sostuvo.
“No estamos derrotados”
Por separado, José Urbina, uno de los tres buzos que se ampararon, emitió una postura pública en la que critica la conducción del Fonatur en el tema y señala que la Semarnat se ha hecho cómplice de la violación al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), al Principio Precautorio que México está obligado a respetar, al acuerdo de Escazú y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que rige su actuar.
“Todo lo que hace Fonatur es turbio. Le entrega un documento espurio, la MIA, a Semarnat, un documento que se genera después de haber impactado la zona en cuestión. Semarnat, cómplice de ese proceso le otorga la autorización con condicionantes.
“Ese documento se entrega al juez, que ratifica la suspensión. Pero Fonatur en tiempo record logra cumplir con las condicionantes entre ellas, la mitigación y compensación de las obras, otorgada al mismo gobierno que impone el proyecto. Ahora el juez levanta las suspensiones definitivas que había otorgado”, expresó.
Pese a ello, aclaró que el proceso legal continúa, porque en la demanda de amparo presentada hay una ampliación, mediante la cual que se pide al juez que revise la legalidad de la autorización de impacto ambiental que debió haber sido negada por la Semarnat, ante la evidencia del inicio de la devastación de la selva, sin estudios, ni permisos.
“También está la audiencia del 9 de agosto, en la que el juez se tiene que pronunciar sobre el desacato a las suspensiones definitivas, que estaban vigentes mientras el Fonatur continuaba con los trabajos”, señaló, respecto a los trabajos que el Fondo retomó el pasado 15 de julio y que prevalecieron aún con la ratificación de la suspensión del 22 de julio.
“Lo que están haciendo hoy en la selva sigue siendo ilegal. Fonatur es un vehículo de ilegalidad y corrupción. Esta resolución del juez no significa que nos han derrotado, no significa que nos han rendido, todo lo contrario. Significa que debemos redoblar los esfuerzos por defender nuestro hogar. Ya sabíamos que ellos están en el poder, que cuentan con la ignorancia como arma y con la apatía a su favor.
“Nosotros tenemos la Ciencia, la Justicia y el amor por el lugar en el que muchos nacieron; por el lugar que muchos de nosotros elegimos para vivir; donde nacieron nuestros hijos”, dijo.
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afcl/acmr
