Ciudad Juárez.— A un mes del incendio en la estación migratoria de esta ciudad, que costó la vida a 40 personas y 27 más resultaron lesionadas, sus compañeros mantienen su exigencia de justicia, las familias de los detenidos reclaman una investigación justa y las familias de las víctimas enterraron a sus muertos y quedaron en el olvido.
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Pese a que hay ocho detenidos por su responsabilidad en los hechos, el jefe de todos, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, sigue su proceso en libertad y desde su cargo.
No ven justicia
Miedo, desesperanza, tristeza y enojo es el sentir de cientos de migrantes que desde hace un mes acampan afuera del INM en Juárez. Aseguran que la justicia está lejos de llegar porque nada va a revivir a sus amigos.
“Miedo sí tenemos, claro que lo tenemos. Es un mes aquí y de verdad nosotros no sentimos que con los detenidos y encarcelados sea ya la justicia. Hay muchas injusticias contra nosotros, contra nuestras familias”, expresaban ayer Rosy y Jordan.
La mayoría de los migrantes que platicaron con EL UNIVERSAL aseguran que permanecen en ese lugar porque tienen miedo a que en un albergue o refugio pase un nuevo incendio.
“Le tenemos más miedo a los albergues que a la calle. Aquí corremos, pedimos ayuda si nos quieren hacer algo, en esos lugares no”, recalcaron.
El edificio del INM donde ocurrió el incendio continúa cerrado. En la reja de afuera permanece un pequeño altar con velas, fotos, flores y algunos rosarios en recuerdo de los que murieron; todos ya fueron repatriados a sus países y sepultados por sus familias.
El proceso legal
Las investigaciones en torno al caso han corrido a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez, que hasta el martes contaba ocho personas detenidas y procesadas.
Se trata de Salvador González Guerrero, jefe en Chihuahua de la Oficina de Representación del INM, vinculado a proceso y recluido en el Cereso 3.
También están detenidos y vinculados a proceso Eduardo A., jefe de Recursos Materiales del INM en Chihuahua; Juan Carlos M., jefe del Grupo Beta; Daniel G., Rodolfo C. y Gloria Liliana R., guardias del INM; Omar P., guardia de una empresa privada, así como el venezolano Jeison Daniel C, señalado como la persona que inició el fuego.
Además, se vinculó a proceso a Antonio M.D., director general de Control y Verificación Migratoria del INM, a quien se les impuso la medida cautelar de firma periódica, al igual que el comisionado Francisco Garduño, quien el 30 de abril tendrá la audiencia de vinculación o no a proceso.
A la par de esta situación, familiares de Juan Carlos M. y organizaciones civiles lanzaron un pronunciamiento en el que exigen que se haga justicia en verdad y no se fabriquen culpables.
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Reparación del daño a las familias
En tanto, las promesas sobre reparación del daño siguen en eso. Ayer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que “está garantizada la reparación del daño” para los deudos de 19 migrantes guatemaltecos que murieron en el incendio y aclaró que hasta ahora no hay solicitud formal del gobierno de Guatemala, pero no precisó en qué consiste la reparación del daño ni cuándo se hará.
Tampoco se ha informado si habrá alguna reparación para las familias de los otros 21 migrantes fallecidos, originarios de El Salvador, Honduras, Venezuela y Colombia.
En el caso de las 27 personas que en su momento fueron hospitalizadas sólo se informó que el gobierno mexicano pagaría los gastos de su atención.
Hasta hace dos semanas cinco permanecían internados en el Hospital General de Ciudad Juárez; desde entonces no ha habido actualización sobre nuevas altas. Tampoco se ha reportado su estado de salud.
Se desconoce si algunos de los sobrevivientes tendrán secuelas, cómo se tratarán y, sobre todo, qué sucederá con su estatus migratorio en México.