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En el octavo aniversario luctuoso de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el gobierno de México procederá a indemnizar económicamente a una víctima directa y a 47 familiares de los cinco migrantes ecuatorianos asesinados entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en la bodega de El Huizachal.
Jaime Rochín del Rincón, comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), confirmó lo anunciado por la Cancillería de Ecuador y afirmó que esto representa un reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad y un acompañamiento a las víctimas de esa masacre.
El funcionario afirmó que esto abre la puerta para que víctimas de otros países puedan recurrir también a este proceso de reparación del daño.
“Fue ocho años después de los hechos, pero por lo menos que sí haya un reconocimiento del Estado y un acompañamiento a la búsqueda de justicia”, dijo.
“Ninguna cantidad les repara en absoluto, tenemos que buscar estándares que de alguna manera reconozcan la gravedad de los hechos. Entendiendo que son personas víctimas de violaciones graves a derechos humanos, el reconocimiento también debe ser importante. Además son diferentes según el caso. Cada familia tiene una situación específica en donde las cantidades van variando, es diferente según el caso”.
Rochín del Rincón afirmó que esto se da en cumplimiento a la recomendación 802013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en junio de 2017 elevó este hecho al rango de graves violaciones a derechos humanos. A partir de ahí, dijo, la CEAV trabajó con las víctimas indirectas de los fallecidos para lograr una reparación integral y una parte es la indemnización.
“Trabajamos con la embajada de Ecuador en México, que estuvo muy presente en este proceso para lograr acercarnos a las víctimas, para que tuvieran confianza en la institución y que entiendan que esto no es un sustituto de la justicia ni la verdad, sino un elemento más al que tienen derecho”, dijo el funcionario.
Las cinco víctimas mortales ecuatorianas fueron identificadas como Rosa Amelia Panza Quille, Telmo Leónidas Yupa, Elvia Pasochoa, María Tipantaxi y Christian Caguana. Fredy Lala Pomadilla logró sobrevivir, pese a que recibió dos balazos.
Sobre la indemnización a familias de víctimas de otros países, dijo que están en la mejor disposición y que se han tenido contactos, pero explicó que muchas otras familias están acompañadas por otras organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y están pidiendo otro tipo de garantías, como procesos de justicia, “y en esa medida puede ser que tarde un poco más [la indemnización] porque las propias víctimas piden otros elementos”.
—¿Qué les dirá a los familiares sobre los perpetradores?
—Por desgracia hay pocos elementos que darles en materia de justicia, y los resultados en ese tema aún no llegan a ser plenos. Les diría que los vamos a acompañar en esta exigencia… podemos acompañarlos en una representación jurídica para exigir a los ministerios públicos y al Poder Judicial que haya sanciones verdaderas y que esto no caiga en el olvido; vamos a trabajar con la CNDH para que todos los elementos de la recomendación, que incluye investigaciones a servidores públicos, se hagan valer, pero para ello requerimos que las víctimas acepten nuestra participación.
