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Guadalajara.— A 26 años de las explosiones del 22 de abril en esta ciudad, las víctimas sobrevivientes denuncian que Pemex, la empresa responsable del derrame de hidrocarburos en el colector que estalló, evade su responsabilidad y ha dejado de aportar fondos al fideicomiso para atender a los lesionados.
En la conmemoración de aquella tragedia, que costó la vida a más de 200 personas —202 según el gobierno de Jalisco, 206 según la PGR y 225 de acuerdo con archivos del Congreso local— Lilia Ruiz, presidenta de la asociación 22 de Abril en Guadalajara, creada en 1993 para luchar por los derechos de las víctimas, recordó que cada año el fideicomiso para brindarles atención médica y pensionarlos tiene problemas financieros.
Mencionó que hay 61 personas inscritas como beneficiarias, pero señaló que el gobierno de Jalisco se ha negado a reconocer a otras 10 debido a que los dos representantes de las víctimas en ese mecanismo han sido cooptados por las autoridades y entorpecen todos los procesos.
Por ello, indicó que propondrán que a la administración del fideicomiso se integre tanto un representante del gobierno de Guadalajara, que en los últimos tres años ha aportado en total 12 millones de pesos, y otro del Congreso del estado, que este año etiquetó 4.5 millones de pesos del presupuesto estatal y busca institucionalizar esa aportación cada año con al menos 5.5 millones de pesos.
Ruiz también apuntó que uno de los principales problemas de los sobrevivientes es la atención médica.
“Estamos sin medicamentos seguros en razón de que no han recibido pago los proveedores (…) El listado de estudios que deben ser subrogados fuera del Hospital General de Occidente y desde 2016 se han suspendido sin darnos una explicación”, señaló.
Consideró que durante la actual administración estatal han tenido que luchar igual que en los primeros años tras las explosiones para no perder lo que han logrado.
Además, aclaró que no se les han autorizado el pago de medicamentos especializados de última generación que algunos doctores les han recetado.
Ante los asistentes al evento, entre ellos el edil interino de Guadalajara, Enrique Ibarra, y el presidente del Congreso, Salvador Caro, la representante recordó que a 26 años de la tragedia no han recibido justicia y algunas autoridades apuestan por el olvido.
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, señaló que el Estado mexicano y sus tres niveles de gobierno tienen una deuda histórica con las víctimas de las explosiones del 22 de abril porque no se les está atendiendo a la luz de las nuevas leyes, como la Ley General de Víctimas, que obliga a la reparación integral del daño o a implementar medidas de compensación.
Subrayó que tampoco ha existido justicia integral porque desde el ámbito federal nunca ha existido claridad sobre quién fue el responsable de la tragedia y sólo se ha dicho que una cadena de errores y omisiones la provocaron.
