San Cristóbal de las Casas.— El año pasado fue hasta ahora el más violento para Chiapas, como consecuencia de la guerra entre las organizaciones criminales que se disputan el control del estado. Esto ha provocado el desplazamiento de 279 mexicanos hacia Guatemala, además del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez y del reportero Víctor Culebro. Además, fueron ejecutados dos catequistas y sus familiares; mientras, instructores pedían a los católicos que operan en la Sierra Madre no unirse a ellos.
Los homicidios dolosos en la entidad han aumentado en los últimos años. De enero a noviembre de 2024 se cometieron 620 homicidios. En este mismo periodo de 2023 fueron 457; en 2022 se cometieron 342; en 2021 fueron 399 y en 2020 se registraron 393 homicidios dolosos, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, el 20 de octubre al terminar la misa en el templo del barrio de Cuxtitali, cimbró a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que desde 1959, cuando llegó a Chiapas el obispo Samuel Ruiz García, sólo había registrado el encarcelamiento de párrocos o expulsiones del país. “Es un golpe a los procesos, a las luchas por la paz”, sostuvo el teólogo Jorge Santiago.
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El investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Gerardo González Figueroa, asegura que el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez ha causado “un gran riesgo” para activistas, defensores de los derechos humanos y comunicadores de Chiapas.
“El párroco jugaba un papel por la justicia y por la paz en las comunidades donde desarrollaba su labor pastoral. Su ejecución es una intimidación. Entonces podemos tener muchas interpretaciones del mensaje de esa muerte: una amenaza a defensores de derechos humanos, a periodistas. Eso es un mensaje muy fuerte”, reiteró González Figueroa.
Comentó que por este caso la autoridad debería investigar y llegar hasta sus últimas consecuencias, con el fin de hacer justicia.
“Pero si solamente lo vemos como un caso más, como un caso aislado, como una víctima de la guerra, ya estamos mal. Si el poder hegemónico no empieza a hacer justicia en este país, el acumulado de injusticias, de impunidad, de tantas muertes de niños, de mujeres, pues seguirá siendo impune”, argumentó.
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Agregó que “México ya es una fosa. Es una gran fosa común. Ya no es Chiapas y no es Guerrero, ya no es Michoacán, es el país entero. Yo nunca pensé ver al país con tantos muertos, con cuántos desaparecidos, donde pues da miedo transitar por las carreteras”, expone.
“México es un país que está enlutado las 24 horas. Y eso es terrible”, considera el investigador del área de salud del Ecosur, el principal centro de investigaciones en el sureste mexicano.
En otro hecho, el 12 de mayo un grupo criminal sorprendió a 11 personas en sus viviendas en Nueva Morelia, del municipio de Chicomuselo. Después de asesinarlos a balazos, quemaron los cuerpos. Las víctimas “demostraron su oposición a unirse al crimen organizado. No nos aliamos contigo, porque nuestro corazón es de Dios. Ese fue su delito…”, exaltó el obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal, Luis Manuel López Alfaro, en una misa multitudinaria 15 días después de la masacre.
Mientras que el 1 de octubre, el primer día de gobierno de Claudia Sheinbaum, una patrulla de soldados de la 36 Zona Militar atacó con armas de fuego a un grupo de migrantes de Asia, El Caribe, Centro y Sudamérica que viajaba en un camión de redilas en el municipio de Villa Comaltitlán. Seis personas murieron y 10 más resultaron gravemente heridas.
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Durante 2024, los grupos criminales acrecentaron sus hostilidades en la Sierra Madre con el reclutamiento masivo de hombres adultos y adolescentes para obligarlos a participar en bloqueos de caminos y enfrentamientos armados con sus adversarios.
Las familias atemorizadas abandonaron sus hogares en Chicomuselo, Frontera Comalapa, Bella Vista, Motozintla, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Jaltenango, Siltepec, La Grandeza, Mazapa de Madero y otros municipios, para buscar refugio con familiares y conocidos en el Altiplano, centro de Chiapas, otros emigraron al norte, Ciudad de México y otros estados.
Los enfrentamientos provocaron que para la cosecha de café en la temporada 2023-2024, los jornaleros de Guatemala, que entran por miles, no llegaran a las fincas y pequeñas propiedades para el corte del grano.
Sin embargo, la violencia se extendió a casi todo el estado. En Pantelhó, el 11 de marzo en la comunidad La Piedad, un grupo armado asesinó a un niño de 10 años y a su hermano de 17, e hirió a una niña de 10 y a un adolescente de 15 años.
El día 31 de ese mes, cinco hombres fueron asesinados en la localidad de Nuevo Paraíso, municipio de La Concordia.
El 1 de abril fue atacado un rancho y se registró un enfrentamiento en las cercanías del embarcadero Zaragoza, en la presa La Angostura. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas aseguró que eran 25 los muertos por estos choques armados, pero el gobierno federal dijo que eran 10 fallecidos y 13 guatemaltecos detenidos con armas, vehículos y drogas.
El 28 de junio, el Cártel de Sinaloa emboscó en una comunidad del municipio de La Concordia a un grupo de hombres del Cártel Chiapas Guatemala que viajaba en un camión tipo volteo; 19 hombres perdieron la vida en el lugar.
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Las autoridades llegaron después de varios días al sitio para trasladar los cuerpos, en descomposición, al Servicio Médico Forense (Semefo).
En Frontera Comalapa, que está bajo el control de una organización criminal desde hace tres años, Irán Mérida Matamoros, exalcalde del lugar (2008-2010), fue raptado el 14 de diciembre de 2023, reapareció en un video el 29 de abril en el cual reveló la operación de los criminales en ese lugar.
El 27 de abril, un grupo armado se llevó por la fuerza al candidato del PT a la alcaldía de Frontera Comalapa, Rey David Gutiérrez Vázquez, y el 3 de septiembre el alcalde electo de ese lugar, Aníbal Roblero Castillo, fue raptado cuando se encontraba en una cafetería en Tuxtla.
La violencia imparable en Chiapas obligó a las Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla a convocar a una marcha por la paz, el 13 de septiembre, en la que participaron obispos, sacerdotes —entre ellos Marcelo Pérez—, religiosas y laicos que llegaron de las nueve regiones de Chiapas.
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“Las tres diócesis nunca se habían unido y siempre habían sido como muy pasivas. La Iglesia, como institución salió, se había tardado en salir; le tocó salir a dar su voz y su manifestación”, explicó González Figueroa.
Para el teólogo Jorge Santiago, colaborador del obispo Samuel Ruiz, el asesinato del párroco Marcelo Pérez representa una agresión a los procesos de conciliación de la Iglesia.
“Es un golpe a los procesos, a las luchas por la paz y la organización de las comunidades, de resistencia de los pueblos que no pueden ser otras, que la justicia, liberación y búsqueda de un bienestar común.
“Hay un conjunto de personas que se han comprometido en estas búsquedas. Uno de ellos era el padre Marcelo”, sostiene.