Impulsan lenguaje claro y accesible como un derecho humano, en reunión Panhispánica en Lima

Entre ayer y hoy, desde México, a través de la Academia Mexicana de la Lengua, dos de sus académicos, uno de número el doctor en Derecho e Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diego Valadez, y el otro correspondiente en Pachuca, el abogado Raúl Arroyo, participan, junto con representantes de las más de 500 instituciones que integran la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, en la segunda Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, con el título “Los principios y las experiencias prácticas”, en Lima, Perú.

El encuentro internacional que es organizado por la Real Academia Española (RAE) y la Academia Peruana de la Lengua (APL), con el respaldo de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), representa una primera etapa del X Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizará a partir del martes 14 de octubre y hasta el 17 de octubre, en Arequipa, Perú.

Foto: ASALE.

La Convención tiene como propósito mejorar la calidad de la comprensión de las comunicaciones que dirigen a los ciudadanos, sean leyes, sean sentencias, sean resoluciones de las administraciones públicas, asegura a EL UNIVERSAL, Santiago Muñoz, director de la RAE y presidente de la ASALE.

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“Esto es muy importante porque tienen fama los poderes públicos de relacionarse con los ciudadanos en términos no suficientemente claros, esto repercute en que los ciudadanos tampoco pueden ejercer con amplitud y profundidad los derechos que nuestras constituciones les reconocen. Por tanto, el lenguaje claro se está convirtiendo en un valor democrático. Es un valor democrático”, afirma Muñoz.

El director de la RAE explicó que los académicos de todas las academias de la lengua española, incluida la mexicana, han analizado el lenguaje desde un punto de vista lingüístico:

“¿qué es lo que ocurre, nos hemos preguntado con la lengua sobre el poder para que tenga tanta dificultad de ser entendida. Como respuesta hemos hecho guías de lenguaje, hemos hecho libros de estilo en los cuales se proponen alternativas a las formas más generalizadas de uso de la lengua por cada uno de los poderes públicos y proponemos soluciones aclaratorias”, detalla.

Foto: ASALE.

Dice que ahora en esta convención van a dar un paso más porque quieren consolidar el lenguaje claro como un derecho de los ciudadanos y por tanto como una obligación de los sectores públicos:

“Este es fundamentalmente el objetivo de esta de convención. Es muy importante porque reúne a gente de todos nuestros países con voluntad de debatir y de aprender unos de otros. Queremos consolidarlo como un derecho. Esto significa que queremos generalizar la idea de que los ciudadanos reciban comunicaciones o los poderes públicos hagan leyes o dicten sentencias que se entiendan para que los ciudadanos puedan defenderse frente a ellas para exigir una aclaración, de ejercer su derecho a comprender el poder”.

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En esta fase del análisis del problema tiene que ver con un carácter jurídico, como asegura Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, quien asegura que el proyecto consiste en que “se considere como un derecho humano la comprensión de los textos que se ponen a disposición de la población en general. Es decir que es un derecho humano entender una legislación, por ejemplo, que generalmente tiene términos que puede resultar muy ajenos al público en general y por eso se necesita algún intermediario como un abogado que pueda explicarlos”.

Le parece un proyecto fundamental porque significa realmente propugnar porque el lenguaje sea claro y accesible para el usuario. “Lo que no significa que la literatura pueda seguir teniendo sus hermetismos, por supuesto, y la poesía en particular, pero sí se trata de que aquello que compete al usuario, pues debe de ser entendido por el usuario porque eso es un derecho humano”, apunta Celorio.

Para Santiago Muñoz el reto de esta segunda convención es que todos nuestros países indaguen en sus constituciones para ver de qué manera se puede justificar constitucionalmente la existencia de este derecho:

“Esto cambia la situación anterior porque hasta ahora que el legislador sea claro o no, que un juez sea claro o no, es una cuestión de deferencia, de cortesía, no una obligación. Queremos cambiarlo para que sea una obligación. Pero luego el modo de hacerlo esto no es una cuestión jurídica, es una cuestión lingüística, es cómo se utiliza nuestra lengua cómo se utiliza nuestra lengua para para para que se pueda entender”, concluye.

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