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Abundan las imprecisiones e interpretaciones sesgadas sobre la causa del salvaje aumento en el precio de la gasolina. Una interpretación errónea es que no tiene nada que ver con la reforma de energía. Otra, que las finanzas públicas están tan apretadas que no hay forma responsable de evitarla.
Sobre la primera, el incremento de precio fue un prerrequisito de la liberalización de precios y ésta es una condición de la reforma. Por lo tanto, la reforma sí es causa, aunque no la única, del aumento. Es más, la liberalización del mercado estaba programada para distribuirse entre 2017 y 2018 y el gobierno simplemente la anticipó para concentrarla toda en 2017. Además, el programa de liberalización tiene grandes fallas que merecen comentarse en otro artículo.
Sobre la segunda, sí hay margen de maniobra fiscal. Pero, como todo en una situación apretada, hay que buscarlo, pues no va a venir gratis. En 2012, antes de la reforma, los ingresos por derechos de hidrocarburos más el impuesto especial (IEPS) de gasolina fueron 4.6% del Producto Interno Bruto. Esto fue aun con el IEPS en cifra negativa (1.3% del PIB), dado el subsidio que otorgaba el gobierno anterior, al cual se refirió en días pasados el presidente Peña.
Así, el ingreso por derechos de extracción tuvo un nivel tan alto como 5.9% del PIB en 2012. En 2016 este ingreso caería a 1.7% del PIB por el desplome de precios y la caída de producción. Pero el IEPS de gasolina ya es positivo en 1.5% del PIB, de manera que ya no hay un subsidio neto.
Bajo la visión estrecha de que los ingresos son hoy menores, no hay forma de evitar el aumento de precio. Estos ingresos fueron en promedio anual 4.6% del PIB o 528 mil millones de pesos anuales durante los dos sexenios del PAN. Nada más en 2012 fueron 923 mil millones (5.9% del PIB), hoy inimaginables, frente a 1.7% en 2016.
Sin embargo, sabemos que ese ingreso fue dispendiado, pues no se invirtió en infraestructura o en refinación de gasolina. Parte del dispendio está hoy en el gasto público inflado que no cumple la función que debería, admitiendo que otra parte desaparece en la corrupción. Por esa razón, el menor ingreso por derechos de hidrocarburos no debe compensarse en otros ingresos o en mayores precios, sino en la reducción del gasto, tanto el corriente como el de inversión en muchos casos en los que la obra pública tiene precios exageradamente altos.
Este debería ser el ajuste de corto plazo, independientemente de una corrección a fondo del problema energético, y no un aumento de precios que reduce el ingreso disponible de las familias.
Analista económico.
rograo@gmail.com
