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Con el misil lanzado desde la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales en contra del subsecretario Arturo Escobar, la sucesión presidencial escaló de nivel. La disputa pasó con esto de las pasarelas mediáticas y los dimes y diretes entre los aspirantes, a una guerra de mayor intensidad en la que los actores políticos sacaron sus armas de mayor calibre y dispararon directo contra un objetivo de 2018: la alianza PRI-PVEM, que saben estratégica para el partido gobernante y sus posibilidades de mantenerse en el poder.
De paso, el disparo mortífero contra el funcionario encargado de la Prevención del Delito pegó también en la imagen de la Secretaría de Gobernación y su titular Miguel Osorio Chong que, une vez más, es golpeado por filtraciones que tienen su origen en la Procuraduría General de la República, como ocurrió con el video de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, y que a pesar de esos golpes (o tal vez por ello) sigue figurando en las encuestas rumbo a 2018 —como en la más reciente de EL UNIVERSAL— como uno de los priístas mejor posicionados en la carrera sucesoria, lo que lleva a pensar en fuego amigo en contra de Osorio.
Pero en Los Pinos y en el PRI tienen otra lectura del golpe contra Escobar. Aprovechando la autonomía de la recién creada Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, se piensa que los panistas utilizaron sus vínculos con el fiscal, Santiago Nieto, para detonar la denuncia que ellos mismos interpusieron en la dirigencia de Gustavo Madero por las tarjetas monetarias repartidas por el PVEM en la pasada campaña federal, y la juntaron con otra interpuesta por el PRD. La documentación que existía en el expediente, consistente en contratos firmados por Arturo Escobar para la bonificación de las tarjetas, le dio al fiscal Nieto las pruebas necesarias para consignar el expediente a un juez y solicitar la orden de aprehensión.
El problema fue que en la oficina de la procuradora Arely Gómez se descuidaron o no vieron venir el asunto que se detonó mediáticamente, confirmando así su intencionalidad política, y provocando una fuerte sacudida en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, que ya había sido duramente cuestionado por la designación de Escobar por parte de organizaciones civiles que dudaban justamente de la honorabilidad y el perfil del subsecretario que se encargaría de prevenir el delito. El disparo fue, en ese sentido, magistral y milimétricamente calculado, pero el daño no fue pensado sólo para el subsecretario, sino para el polémico Partido Verde y su alianza con el PRI.
Quien haya diseñado la estrategia, con claros fundamentos jurídicos y con el plus de mostrar una FEPADE que “ahora sí hace su trabajo”, lo pensó muy bien: al tirar a Escobar no sólo dañan la imagen del gobierno, incluidos Osorio y Peña Nieto que promovieron y sostuvieron su cuestionada designación, sino que impactan directamente a una alianza que ha permitido al PRI mantener y reforzar su mayoría electoral, lo que ya se había visto desde la elección de 2012 y se corroboró con los ocho puntos obtenidos por el PVEM en las pasadas elecciones intermedias, luego de una intensa campaña mediática planeada y financiada desde el mismo sistema priísta para garantizar la fuerza de su aliado estratégico. Esos ocho puntos, que le aporta al PRI su alianza con el Verde, y que serán estratégicos para 2018 y aun para las 12 gubernaturas que se renuevan en 2016 parecen ser el objetivo. Y a juzgar por la reacción que ya provocó en el PRI-gobierno, dieron en el blanco. Y la lucha sucesoria comenzó a ponerse ruda.
Oaxaca bajo sitio policial por prueba educativa. La ciudad de Oaxaca amanece este fin de semana bajo sitio policial ante la amenaza de boicot de la Sección 22 de la CNTE al examen de Evaluación Docente que se llevará a cabo hoy a los maestros del estado. Lo que no se atrevieron a hacer Vicente Fox ni Felipe Calderón durante los meses más álgidos del conflicto de la APPO en la capital oaxaqueña, entre 2006 y 2007, lo hizo Aurelio Nuño en un abrir y cerrar de ojos, con el envío durante toda la semana de unos 10 mil policías federales que, sumados a los que ya estaban en el estado, sumarían más de 12 mil efectivos policiacos para resguardar la aplicación de una prueba educativa.
El número de federales que blindarán la Ciudad Administrativa oaxaqueña, sede para la aplicación de la evaluación a los maestros, confirma dos cosas: la primera que Nuño y el gobierno federal saben que esta es la batalla definitiva contra la disidencia magisterial; y la segunda, que la decisión de utilizar a la fuerza pública para garantizar que se cumpla con la reforma educativa es señal inequívoca de que el gobierno de Peña Nieto está decidido a aplastar a la Coordinadora y a los maestros que disienten, también en algunos estados dentro del SNTE. O lo que es lo mismo que, como ya dijimos, en la política educativa de la era peñista “la prueba, con tolete entra”.
Notas indiscretas… Los mensajes que mandó la dirigencia nacional del PRI hace una semana en su Consejo Político Nacional llevaban destinatarios específicos: el primero, del dirigente Manlio Fabio Beltrones, que en su discurso aludió a la posibilidad de que el priísmo apoye en futuras elecciones no sólo a candidatos que sean sus militantes, sino también pueda postular a “simpatizantes”. Aunque muchos leyeron que el sonorense estaba abriendo las puertas para un candidato independiente del PRI en 2018, en realidad dicen en Insurgentes Norte que la declaración era más cercana, para 2016, y concretamente para Oaxaca, en donde las cúpulas del tricolor, con el aval de Los Pinos, analizan la postulación del empresario Gerardo Gutiérrez Candiani como candidato a la gubernatura, como una posible salida a la cruenta guerra intestina que libran los priístas oaxaqueños por la sucesión, entre los grupos de los ex gobernadores José Murat y Ulises Ruiz. Además, dicen que el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial es una opción “muy bien vista” por el “gran dedo elector” del viejo partido, es decir por el Presidente. El otro destinatario del mensaje que salió de Insurgentes Norte el sábado 21 de noviembre era el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, a quien las mujeres priístas, en coro y a voz de cuello, le gritaron la misoginia que impulsó en su reciente reforma electoral estatal, en la que eliminó la paridad de género como requisito en las candidaturas a diputados y alcaldes en la entidad. Esa fue la única razón por la que el Consejo Político priísta aprobó un acuerdo, propuesto por la secretaria general, Carolina Monroy, para ratificar lo que ya establece desde hace casi dos años la ley electoral federal: que el 50% de las candidatos de todos los partidos a puestos de elección deben ser mujeres. Con ese “jalón de orejas” le recordaron al llamado Beto Borge que las candidaturas femeninas no son una “graciosa concesión”, sino un mandato de ley, producto de una iniciativa enviada, nada más y nada menos, que por el presidente Enrique Peña Nieto. Así o más claro el mensaje para Chetumal… A propósito de mujeres, la diputada federal del PRI Paloma Guillén Vicente cabildea con el gobierno federal y con su bancada una iniciativa para otorgar “liberación anticipada” a las mujeres presas que son primodelincuentes y que purgan condenas por delitos no graves. Según estudios de la legisladora tamaulipeca, del total de la población carcelaria en México, que supera los 233 mil reos, sólo 7% son mujeres, unas 18 mil presas, entre las cuales muchas de ellas son delincuentes de primera vez y fueron acusadas y sentenciadas por delitos menores, en algunos casos por robo simple de comida o en un supermercado, sin que se les diera derecho a fianza y a veces ni siquiera tuvieran un abogado defensor. La situación, dice el estudio de la diputada Guillén, se agrava en el caso de mujeres indígenas que reúnen las tres condiciones de vulnerabilidad mayor en México: mujeres, pobres e indígenas, que en muchos casos no hablan correctamente el español y ni siquiera tuvieron un traductor de lenguas a la hora de ser procesadas. Y para sumar a toda esa cadena de problemas, muchas de las mujeres presas en México tienen hijos, niños que nacieron y viven en las cárceles, en una realidad totalmente inadecuada para su desarrollo y a los que se conoce como “los niños invisibles”. Todo eso hace que la propuesta de iniciativa de Paloma Guillén esté siendo acogida tanto por el coordinador del PRI, César Camacho, como por el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, de quien depende el sistema penitenciario nacional con toda su enorme problemática. ¿Se hará justicia para las mujeres injustamente presas?
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