“¿Neta, ueeey? ¿Por qué no puedo comprar anuncios en la tele…?
“Es contra la ley, Emilio….”.
“O sea, ¿cómo? ¿Pero ni con mi dinero…?
“Tampoco se puede….”.
“Pero por qué, ueeey?”
“Lo prohíbe la Constitución”.
“¿Neta, ueeey…?”.
Esta fue la conversación sostenida, casi textualmente, semanas antes de los comicios de junio pasado, entre magistrados del tribunal federal electoral y el dirigente-propietario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Emilio González, a quien acompañaba el representante del organismo, Arturo Escobar.
La escena puede parecer una caricatura. Y lo es. Describe la caricatura que ha sido desde su registro, en 1993, la cuarta fuerza política del país, la misma que a golpe de frivolidades, cinismo político y un alucinante despilfarro de dinero, constituye desde 2003, el principal aliado del PRI para ganar elecciones y lograr mayorías en Congresos, incluida la Cámara de Diputados federal.
De acuerdo con un testigo del fallido cabildeo del dirigente del PVEM para impugnar las multas que habían sido impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), Escobar Vega lució apenado y buscó hablar sólo lo indispensable. Un triste papel para un abogado con posgrados en Estados Unidos que a principios de los 90 logró cierto reconocimiento trabajando en despachos privados.
Dueño de una trayectoria que alcanza ya dos décadas en un partido que es administrado como una empresa familiar, no fue la primera ocasión en que Escobar debía asumir una posición vergonzante para acompañar las liviandades de su jefe. El referente obligado es la escena del 1 de julio del 2009 cuando, como senador de la República, fue utilizado como correo para transportar más de un millón de pesos en efectivo, destinados precisamente a campañas en Chiapas, pero fue detenido en un aeropuerto por agentes federales.
Hoy Arturo Escobar (DF, 1970) se halla al centro de un sacudimiento en el polo político que encabezan el PRI y la administración Peña Nieto, con vertientes aún no del todo claras, pero que oscilan entre un ajuste de cuentas en la alianza Institucional-Verde, y una tormenta interna en la nomenklatura priísta, crecientemente incómoda con los privilegios cobrados por el Verde a cambio de los servicios prestados.
Un escenario que no debe descartarse es el de fuego amigo desde la Procuraduría General de la República, cuya titular, Arely Gómez, observa una creciente distancia con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, a cuyo cargo está la alianza con el PVEM. El manejo dado al anuncio de la averiguación penal en contra de Escobar supone una estridencia procesal que sorprendió a círculos jurídicos.
Pero los indicios de un malestar en un sector del priísmo en contra del Verde parecen estar también a la vista.
Tras una campaña tachonada de ilegalidades, que pusieron en riesgo su registro y le atrajeron multas por casi 600 millones de pesos por parte del INE —las segundas más altas de la historia—, el PVEM apenas pudo aportar a la alianza con el PRI el número mínimo de diputados que esperaba.
Tres estados, Chiapas, Veracruz y Tabasco, donde se reportaron irregularidades masivas en su favor, le resultaron vitales al Verde no ya para presumir fortaleza, sino para sobrevivir. Sin el sospechoso flujo de votos de esas entidades habría quedado por debajo del porcentaje exigido para conservar su registro.
El panorama empeoró al exhibirse que el avance del Verde se logró gracias al desplazamiento de candidatos priístas, tanto a nivel local como federal. El ejemplo más claro se produjo en Chiapas, a cargo del gobernador “verde” Manuel Velasco, cuya administración nutre en forma incesante las finanzas del PVEM.
Las perspectivas para el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, no resultan alentadoras para el priísmo irritado por el alto costo de los favores del PVEM y de la arrogancia de su administrador, Emilio González, quien pretende el compromiso del Institucional para buscar la gubernatura de Quintana Roo, donde tiene residencia legal y ha protagonizado una ya larga lista de escándalos.
Escobar dijo ayer a EL UNIVERSAL que se defenderá solo, sin la participación de su partido, lo que resulta extravagante, pues los delitos en los que aparece como presunto responsable los habría cometido como representante legal de la organización. Las claves iniciales parecen orientadas a proteger el pacto con el PRI, teniéndolo a él como chivo expiatorio. Se trataría de una hazaña más en la historia del cinismo político en México.
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