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El mayor irritante comercial entre México y Estados Unidos es el comercio de azúcar. Ambos son importantes productores y consumidores de azúcar.
El origen de la diferencia proviene de una lectura distinta de los compromisos contenidos en el TLCAN. Por un lado, México argumentó que, por ser superavitario en la producción de azúcar y conforme al texto del TLCAN, tendría acceso libre al mercado estadounidense, antes de 2008, año en que finalizaba el periodo de desgravación para dicho producto. Por su parte, Estados Unidos señaló que un acuerdo posterior (a través de unas cartas paralelas) modificó los términos del TLCAN y que éste prevalecía sobre el texto del tratado. Esta diferencia nunca pudo ser resuelta toda vez que Estados Unidos se negó sistemáticamente a establecer un panel de solución de controversias en el marco del TLCAN. A esto siguieron una serie de acciones de México que incluyeron la expropiación de algunos ingenios azucareros (decisión que fue revertida por inconstitucional por la Suprema Corte en 2006), así como varias acciones tendientes a impedir el acceso del producto estadounidense que compite directamente con el azúcar en el mercado de edulcorantes, i.e. el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa (JMAF). Dichas acciones detonaron procedimientos de solución de controversias en el marco del TLCAN y de la OMC. Todos perdidos por México. La acción más dolorosa fue la torpe adopción, por parte del Congreso Mexicano en diciembre de 2001, de un impuesto arbitrario y discriminatorio al JMAF. Dicha decisión costo más de 170 millones de dólares derivados de pérdidas en casos iniciados por inversionistas estadounidenses.
En los años 2013 y 2014 se alcanzaron exportaciones récord a Estados Unidos. En abril de 2014, Estados Unidos inició una investigación por prácticas desleales en contra del azúcar mexicana. Estados Unidos argumentó que el azúcar mexicana estaba siendo subsidiada por el gobierno mexicano y que los productores de azúcar incurrían en dumping al vender más barato en el mercado de Estados Unidos que en el mercado mexicano. El gobierno de Estados Unidos impuso derechos antidumping y compensatorios al azúcar mexicana. Para evitar la aplicación de la cuota, en diciembre de 2014, tanto la industria como el gobierno de México alcanzaron dos acuerdos de suspensión mediante los cuales el gobierno de México se comprometió a imponer un cupo a la exportación de azúcar mexicana y los productores de azúcar a exportarla a un precio mínimo para azúcar refinada y estándar. Por otro lado, el año pasado la Comisión Federal de Competencia multó, por incurrir en prácticas anticompetitivas, a varias empresas, así como a la Cámara Azucarera, derivado del intercambio de información con fines de fijar el precio del azúcar estándar y refinada, además de restringir la venta de azúcar a distribuidores y mayoristas con objeto de evitar que se revendiera el azúcar a precios más bajos.
El 5 de diciembre pasado, el gobierno de Estados Unidos inició un proceso para revisar el acuerdo de suspensión toda vez que la industria de Estados Unidos, en particular los refinadores, argumentan que el acuerdo no cubre sus expectativas ya que las exportaciones mexicanas de azúcar se han dirigido al consumidor final y, con ello, compiten con el azúcar refinada de Estados Unidos. Tanto el gobierno como la industria mexicana se encuentran en pláticas con Estados Unidos para mantener el acuerdo. Sin embargo, habría que tener claro que no se trata de una negociación como tal, Estados Unidos determinó que el gobierno y la industria estaban incurriendo en prácticas desleales, por lo que la prórroga o no del compromiso es su prerrogativa. Por su parte, si el gobierno de México considera que dichas medidas, o que los apoyos otorgados a la industria estadounidense, son ilegales tendrá derecho a acudir a las instancias internacionales correspondientes en el marco del TLCAN y la OMC.
Este episodio es el último de una cadena de desaciertos de gobiernos e industrias de ambos lados de la frontera. La estrategia del ojo por ojo no ha funcionado. Este tema no debe resolverse de manera mediática ni atendiendo a intereses particulares. Se requiere de una verdadera política pública que aborde el problema de forma integral y que realmente atienda al medio millón de familias que depende de esta industria.
Profesor Titular. Facultad de Derecho. UNAM.
Juez del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio
Twitter: @ricardoramirezh
