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Pocas veces nos enteramos de que al interior del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, ambos presididos por Luis María Aguilar Morales) se haga algo para frenar la corrupción que ha penetrado la estructura de tribunales y juzgados, en donde algunos de sus integrantes reciben sobornos a cambio de torcer las leyes para favorecer a quien les pague, sin importar las injusticias que cometan.
Sin duda, esta corrupción es la más preocupante y dolorosa para la sociedad, porque no sólo es dinero lo que está en juego, sino que aquí apuestan por la libertad y la vida, en momentos en que el país enfrenta una cruenta violencia y el crimen organizado invade como cáncer los órganos de justicia.
Hoy comentaré sobre aquella investigación que hace un año (noviembre de 2014) el Consejo de la Judicatura anunció que había abierto en contra del magistrado Juan Manuel Serratos García, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, a quien suspendió en sus funciones por sospechas de actos de corrupción, junto con otros seis funcionarios (un juez y cinco secretarios).
En aquella información de la cual EL UNIVERSAL dio cuenta, se afirmaba que a estos siete funcionarios del Poder Judicial Federal se les investigaba por otorgar indebidamente amparos vinculados a la importación de vehículos usados, operada por una red de traficantes que habían hecho crecer ese negocio ilícito.
En aquella nota de Elena Michel (12 de noviembre de 2014) se informa que el magistrado Juan Manuel Serratos García y el juez José Neals André Nalda quedaban suspendidos para ser sometidos a un procedimiento de responsabilidad administrativa, luego de un proceso de investigación que había durado más de dos años sobre sus decisiones en amparos promovidos ante el Juzgado Tercero de Distrito en Mexicali, Baja California, en donde ambos habían laborado antes de ser removidos hacia la ciudad de La Paz.
La misma imputación la enfrentaban Carlos Cataño González, Patricia Ávalos Cornejo, Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez y Armando Ochoa Loza, quienes fungieron como secretarios en funciones de juez en diversos momentos en el Juzgado Tercero de Distrito en Baja California; así como Martín Leopoldo Salcido García, otrora secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali.
A un año de aquel anuncio, hoy sabemos que la investigación en contra del magistrado Serratos García y los otros seis funcionarios se amplió y que los investigadores de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encontraron evidencias de que el magistrado Serratos García y sus supuestos cómplices protegían también a grupos mafiosos que operaban casinos en la frontera de México con Estados Unidos, al otorgarles amparos para impedir que sus centros de juegos y apuestas fueran cerrados por operar en la clandestinidad o simplemente con múltiples irregularidades.
Los investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda descubrieron cuentas millonarias a los funcionarios del Poder Judicial Federal, por lo que les abrieron expedientes por los presuntos delitos de lavado de dinero y fraude fiscal, mientras que la PGR les abrió procesos penales (64/2014) por delitos contra la salud y tráfico de influencias.
Seguramente en los próximos días el Consejo de la Judicatura Federal informará más sobre este caso, cuya investigación nos hace pensar que no todo está podrido en materia de justicia.
PUNTOS SUSPENSIVOS... Y ya que hablamos del Poder Judicial, el doctor Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trabaja muy de cerca con el titular de la UIF, Alberto Bazbaz, para que se revisen cuentas bancarias y grandes fortunas acumuladas por muchos magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, sin que anteriormente a nadie le importara. ¿Será que veamos en prisión, por primera vez, a varios responsables de impartir justicia? Habrá también que estar atentos a las investigaciones en Zapopan, Jalisco.
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