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Lo único “histórico” en el desempeño de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa es la mentira y la ineficiencia. El próximo 26 de septiembre se cumple un año de los hechos y de las investigaciones ministeriales —que incluyen peritajes, interrogatorios, detenciones e inspecciones oculares, además del gasto público que ha significado la indagatoria—, y el resultado es un verdadero fracaso para el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Esa “verdad histórica” que nos quiso vender la PGR, no resistió más de 7 meses, después de que el entonces procurador Jesús Murillo Karam —a quien por “cansancio” lo enviaron a su casa y ahora debe ser procesado— declarara el 27 de enero que los 43 normalistas rurales desaparecidos habían sido ejecutados e incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero.
En ese entonces, el procurador intentó imponer su versión oficial a los familiares de las víctimas y a la sociedad entera, pero fue la lucha y protesta colectiva de un pueblo que no se cansa la que impidió esa arbitrariedad que sólo pretendía cerrar el ominoso expediente que les quemaba las manos en Los Pinos.
En la conclusión del informe que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contratados mediante acuerdo entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se establece que los jóvenes normalistas no fueron incinerados en dicho basurero; tampoco fueron a Iguala a boicotear un acto de campaña de María de los Ángeles Pineda, la esposa del entonces alcalde, y mucho menos los estudiantes eran parte del crimen organizado, como algún burócrata trasnochado lo sugirió.
Después de esa grave pifia oficial en el caso Ayotzinapa, se vuelve a exhibir al gobierno interna y externamente como un ente imposibilitado de impartir justicia y de hacer cumplir la ley.
Lo más preocupante es que en la Procuraduría vuelven a hablar de su “verdad histórica” en la investigación que sigue abierta, como si el resultado hasta ahora logrado hubiera sido positivo, cuando el informe de los expertos internacionales exhibe a una autoridad judicial incompetente y precisa los errores y omisiones en el proceso de indagación.
A principios de febrero me referí en este espacio a “las tres verdades de los 43”, a propósito de las declaraciones hechas por Murillo Karam sobre su “verdad histórica”, y comenté que era la desesperación del funcionario por cerrar definitivamente el expediente, para permitir al gobierno empezar a olvidar la tragedia y no seguir “atrapado” en la angustia, el dolor y el reclamo de justicia de millones de mexicanos.
Dije que son las ciencias sociales y humanas las responsables de investigar con criterios científicos y bajo premisas derivadas de tradiciones académicas y el uso de fuentes, enfoques y metodologías validadas por comunidades reconocidas, las que determinan las verdades históricas sobre conflictos sociales, por eso llama la atención que la PGR aluda por consigna a una “verdad histórica” para cerrar un expediente que necesariamente se mantendrá abierto en las áreas de investigación académica y a través del tiempo la historia es la que hará su juicio.
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