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En memoria del periodista Rubén Espinosa Becerril
La mafia del deporte ha alcanzado a la máxima casa de estudios del país. La semana pasada comenté la pésima gestión y administración que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre una partida de más de 20 millones de pesos de recursos federales que le entregó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para cubrir gastos por la Olimpiada Nacional 2014.
Sin embargo, este problema de corrupción gestado en las áreas universitarias que controla la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas (DGADyR) de la UNAM, a cargo de Severino Rubio Domínguez, no es un hecho aislado en cuanto al mal manejo de recursos federales para el deporte en México, sino una práctica común durante la gestión del medallista mexicano Jesús Mena como director general de la Conade, cargo que dejó apenas hace tres meses cuando fue sustituido por el ex comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo.
Esta investigación sobre el manejo de 20 millones de pesos que hizo la Contraloría de la UNAM y que revela múltiples violaciones a la normatividad para el control y ejercicio de recursos públicos —algo que por el carácter académico y social de la Universidad no debería ocurrir, además de la escasez presupuestal que padece para cumplir sus metas de educación e investigación— es sólo la punta del iceberg de la corrupción y el abuso de directivos de federaciones, institutos y universidades cuando manejan fondos destinados a actividades deportivas.
Es una desgracia que la Conade haya solapado por muchos años un pésimo manejo presupuestal, pero más aún lo es cuando estas viejas prácticas corruptivas de facturas apócrifas, desvío de recursos, simulación de actividades y servicios, robo de equipos deportivos y hasta gastos abusivos de representación hayan alcanzado a la Universidad Nacional de la cual todos nos sentimos orgullosos.
Es tan grave la corrupción encontrada en federaciones e institutos del deporte nacional, que en sólo tres meses al frente de la Conade, Alfredo Castillo tuvo que solicitar la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Alberto Bazbaz, y de la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular es Virgilio Andrade, para realizar revisiones especiales a los órganos del deporte en México, así como investigaciones financieras y fiscales a sus dirigentes, pues de los 3 mil 500 millones de pesos que el Congreso asignó en 2015 a la Conade, el 75% (2 mil 625 millones) se destina a subsidios de las federaciones, y en sólo tres meses han descubierto gastos sin comprobar por 280 millones de pesos.
Otro dato para alarmarse con el deporte nacional, y que explica el por qué México quedó rezagado a la sexta posición en el medallero de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 —abajo por supuesto de Estados Unidos y Canadá, pero también de Brasil, Cuba y Colombia—, es que al arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto se destinaba un presupuesto anual de 7 mil millones de pesos para la promoción del deporte mexicano, de los cuales 3 mil 500 millones, es decir un escandaloso 50%, era entregado a los diputados para campaña en sus regiones de origen, por lo cual nunca se comprobó lo que hicieron con dichos recursos que, además de ser utilizados políticamente, gran parte de ellos fueron a parar a las cuentas bancarias y a los bolsillos de políticos. Corrupción en su máximo nivel, qué raro.
Ante tales irregularidades, la Conade ha decidido aplicar cero presupuesto a federaciones, incluidas universidades como la UNAM e institutos, hasta que estos justifiquen los cuantiosos gastos de las partidas presupuestales asignadas. En el caso de la UNAM, institución que desde hace mucho tiempo no genera deportistas de alto rendimiento, nos ocuparemos en la próxima columna de los casos específicos de corrupción con relación a los 20 millones de pesos.
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