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Veracruz está en las listas de los estados más pobres, violentos y corruptos del país. Miles de campesinos y ejidatarios, la mayoría de origen indígena, viven aislados en una pobreza extrema que los asfixia hasta la muerte, mientras que las autoridades (estatal y municipal) se roban los presupuestos destinados a la asistencia social e incumplen con su función de construir caminos y carreteras, generar empleos y mejorar el desarrollo de la región. Ya ni hablar de la falta de escuelas, centros de salud, agua potable, alimentos y viviendas, todo se ha abandonado en comunidades como Tehuipango y Mixtla de Altamirano, en plena tierra caliente.
La región de Veracruz ha sido dominada siempre por el priísmo y es este partido el que deberá rendir cuentas en algún momento. Por lo pronto la violencia no deja lugar a dudas del vacío de poder que hay en ese estado, en donde su gobernador Javier Duarte de Ochoa se mantiene en el cargo sólo por su estrecha relación de amistad con el presidente de la República, porque para los veracruzanos, entre quienes se cuenta este columnista, el mandatario estatal y sus antecesores han sido un verdadero cáncer social.
Para principios de año, el índice delictivo y de violencia aumentó en Veracruz de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al contabilizar 3 mil 157 hechos delictivos. Otro dato que revela la impunidad en el estado son los homicidios de 17 periodistas del año 2000 a la fecha, lo que convierte a Veracruz en la región más insegura del país para ejercer nuestra profesión.
Y para hablar de corruptelas en el gobierno de Duarte, además de lo ampliamente publicado en todos los medios, basta señalar lo que indican los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde se asegura que el gobierno de Veracruz incurrió en un daño patrimonial por más de 2 mil 46 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en 2013.
Se trata de un multimillonario desvío de recursos públicos que la Federación suministró durante el tercer año de la administración de Javier Duarte, etiquetados para inversión en infraestructura física, adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola; apoyo a la educación pública y a fondos constituidos para proyectos de infraestructura concesionada o en los que se combinen recursos públicos y privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión privada; entre otros objetivos de desarrollo.
Las propias normas del FAFEF prohíben que el dinero cubra gasto corriente; sin embargo, la administración veracruzana aplicó todo el recurso a ese propósito, indica el más reciente informe del máximo órgano de fiscalización del país: “El gobierno del estado de Veracruz destinó la totalidad de los recursos del FAFEF 2013 como complemento a los recursos estatales destinados para pago de las nóminas de maestros”.
El monto defraudado equivale a 191 veces el presupuesto que recibió en 2013 Mixtla de Altamirano, donde el 97 por ciento de la población se encuentra en condición de extrema pobreza, indica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Y es que en ese ejercicio, el municipio más pobre de Veracruz apenas obtuvo 10 millones 673 mil 907 pesos como ingresos ordinarios.
De acuerdo con el reporte de la ASF, la Contraloría General del Estado de Veracruz instruyó, mediante el oficio número CG/1266/2014, el inicio del procedimiento disciplinario administrativo para determinar posibles responsabilidades de servidores públicos. Las anomalías y desvíos son mayores en todos los sectores, por lo que volveremos al tema.
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