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Para constatar los altos índices de corrupción en el Estado de México sólo hay que revisar los acuerdos de obras de infraestructura con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Analicemos brevemente la absurda ampliación de la autopista a Toluca, que tanto presume el gobierno del estado. Se anuncia en todos los medios como una obra de la administración estatal cuando, en realidad, compete al ámbito federal, ya que es la SCT la responsable de la licitación, contratación y concesión para su operación.
Se trata de una obra cuyo único objetivo fue colocar millones de toneladas de acero y concreto a costos altísimos y que no representaron mayor beneficio para los usuarios de la vía.
La mal llamada “ampliación” de la autopista México-Toluca consiste en un tramo de tan sólo 12 km entre Lerma y La Marquesa, que tuvo un costo —de acuerdo con la información publicada— de 3 mil 700 millones de pesos. Los usuarios de ésta pagamos un peaje de 70 pesos y ahora, por el nuevo tramo, hay que pagar otros 50 pesos.
Este costo implica que la autopista de Toluca es una de las más caras de México. El promedio de los peajes en el país es de 1.46 pesos por kilómetro, mientras que en la autopista de Toluca corresponde a cuatro pesos por kilómetro recorrido.
En la inauguración del nuevo tramo, el presidente Enrique Peña Nieto justificó el alto costo debido a que “requiere importantes esfuerzos y gastos para adquirir el derecho de vía y solventar litigios e inconformidades”. Nada de esto es cierto, cualquier usuario puede constatar que la mayor parte del recorrido va por el centro del derecho de vía de la autopista. Lo que sí es verdad, y no se dice, es que se talaron 37 mil pinos de un área boscosa vital para la región y se construyó un tramo elevado a muy alto costo y sin necesidad.
El cobro de un nuevo peaje representa un fraude, ya que el usuario está pagando el servicio de la autopista completa con los 70 pesos que se cobran en la caseta de salida. De ninguna manera puede justificarse un cobro adicional porque es obligación de la SCT mantener en buenas condiciones las autopistas que opera, así como exigirlo a los concesionarios. Sería inadmisible, por ejemplo, que en la ampliación de la autopista a Acapulco en la zona de Cuernavaca, que se acaba de inaugurar, se cobrara un peaje especial adicional.
Por otra parte, resulta ilógico una inversión de esta magnitud que no resuelve en nada los verdaderos “cuellos de botella” de la autopista. Es decir, en lugar de este despilfarro en la ampliación pudieron haberse construido laterales tanto en la zona de La Marquesa como en Lerma, con salidas seguras para áreas de descanso y alimentos, permitiendo la circulación libre sobre carriles centrales. Otro de los puntos críticos que no se atiende está en la llegada a la Ciudad de México, principalmente los accesos a Reforma y Constituyentes; aquí, en la rampa hacia Paseo de la Reforma, la autopista requiere con urgencia la ampliación de por lo menos dos carriles más, para permitir la continuidad de la circulación; asimismo, en la incorporación a Constituyentes es urgente una ampliación de carriles que seguramente requerirá la compra y expropiación de terrenos. Indudablemente, una inversión del orden de los 3 mil 700 millones de pesos que costó la “ampliación” hubiera alcanzado para muchos proyectos más de solución a la accesibilidad, seguridad y velocidad promedio de la autopista en cuestión.
Por otra parte, la SCT que originalmente había concesionado por 30 años la operación de este nuevo tramo de la autopista a la empresa PINFRA, recientemente aceptó una “ampliación” de la concesión por 30 años más, por lo que tendremos que pagar este “tramo inútil” de la autopista toda la vida.
¿Por qué la SCT y el gobierno de Eruviel Ávila recurren a obras faraónicas carísimas, en lugar de soluciones prácticas mucho más económicas y necesarias? Muy simple, porque lo que impera en estas dependencias es una corrupción escandalosa que se refleja en este tipo de obras de infraestructura, donde se invierten millones de pesos en proyectos suntuarios que no responden a una verdadera necesidad y además no se supervisan ni se auditan correctamente.
La Auditoría Superior de la Federación debe auditar a fondo esta concesión.
ciudadposibledf.org
twitter: @JL_Luege
