Más Información
Miguel Ángel Mancera presenta un proyecto de Constitución para la CDMX exageradamente extenso, complejo y en un lenguaje inaccesible. El documento consta de 76 artículos y 21 artículos transitorios, donde lo más relevante es la “carta de derechos” que plantea una serie interminable de derechos que en su mayoría obedecen a conceptos de una regulación secundaria.
Por el contrario, no se habla de deberes ni de responsabilidades.
Asimismo, se definen derechos absolutamente contradictorios. Por ejemplo, en el artículo 17, fracción C, sobre el derecho al espacio público, en el apartado 1 se reconoce el derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos, por una parte y, por la otra, en el apartado 3, establece la protección del ambulantaje al que se le llama eufemísticamente “trabajo autónomo y por cuenta propia”, y prohíbe toda forma de confiscación de productos, materiales y herramientas de trabajo.
El ambulantaje es una actividad ilegal que el gobierno de Mancera no ha podido o no ha querido resolver; por el contrario, se ha convertido en una fuente inagotable de dinero recabado de manera fraudulenta y que llega a los bolsillos de autoridades corruptas desde inspectores hasta los altos mandos.
En lugar de cumplir con la Ley y recuperar los espacios públicos, ahora el jefe de Gobierno propone elevarlo a rango de derecho constitucional y proteger no solo a los líderes corruptos de ambulantes, sino también a cárteles criminales que operan este negocio, porque como todos sabemos, mucha de la mercancía que se vende en la vía pública proviene del robo y del contrabando. Una forma muy fácil de resolver el problema.
Por otra parte, el proyecto de Constitución de la CDMX plantea muchas disposiciones que son contrarias a la Constitución de la República, lo cual daría paso a un sinnúmero de controversias constitucionales y de amparos. Por ejemplo, establece que los jóvenes pueden votar desde los 16 años cuando la Carta Magna dice que solo a partir de los 18 años; lo mismo en lo relativo al consumo de marihuana, a la definición de salarios, a los derechos de autor, a varias disposiciones en educación que son de competencia federal, etc.
Lo más grave de todo resulta en que el jefe de Gobierno pretende imponer una serie de derechos en materia de “perspectiva de género, interculturalidad e intergeneracionalidad”, que corresponderían —en todo caso— a una legislación secundaria, y además, impedir que en un futuro pudiera haber reformas que corrijan estos excesos. En la exposición de motivos le llama “constitucionalizar los avances conquistados en la Ciudad” y en el artículo 9 alude a la “no regresividad” como principio en materia de derechos humanos.
Estos conceptos revelan el verdadero carácter autoritario del proyecto; por un lado, imponer conceptos ideologizados como “derechos fundamentales” abusando de una mayoría muy precaria del PRD y, por otra parte, aprobar una serie de preceptos que impidan corregir en un futuro las imperfecciones de la norma.
A este abuso le llaman “estabilidad constitucional” y ordenan que para reformas futuras de la Constitución se establezca un “procedimiento rígido que obligue a la aprobación por mayoría calificada en dos periodos de sesiones por el Congreso local”.
Afirma el jefe de Gobierno que este proyecto garantiza a las presentes y futuras generaciones disfrutar de una ciudad democrática, educadora, solidaria, productiva, incluyente, habitable, sostenible, segura y saludable. Todos sabemos que en las últimas administraciones la realidad ha reflejado todo lo contrario.
Miguel Ángel Mancera promueve este proyecto por dos razones: para dar la apariencia de ser un gobierno progresista al aprobar lo que él llama una “Constitución de avanzada”; y para ocultar la incompetencia, falta de acción y profunda corrupción de una administración que no resuelve problemas.
Sin embargo, la Asamblea Constituyente es autónoma, soberana y tiene la facultad de iniciativa; puede presentar no solo modificaciones al proyecto del jefe de Gobierno, sino que los distintos grupos parlamentarios, o incluso cualquier diputado, pueden presentar iniciativas propias.
Tienen dos opciones: entrar en el juego desgastante de discutir un proyecto enredoso, populista e ideologizado, que es el de Mancera, o proponer un proyecto de Constitución diferente, breve, comprensible, sencillo y de carácter general.
www.ciudadposible.org
@JL_Luege
