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Hace dos semanas denunciaba en este mismo espacio que la “donación” de un terreno federal de 200 hectáreas (ha) al municipio de Chimalhuacán era en realidad un fraude descomunal contra los bienes nacionales.
Se trata de la cesión de un predio que se localiza en los terrenos conocidos como los Tlateles y que son parte de la Zona Federal del Lago de Texcoco (ZFLT).
Se pretende justificar esta donación argumentando que en el sitio se construirá un parque industrial y deportivo en beneficio de la población del municipio, pero en realidad se trata de una operación fraudulenta movida por intereses oscuros donde están involucradas autoridades federales y municipales con la conocida organización de invasores y golpeadores de Antorcha Campesina.
Lamentablemente, al revisar la documentación sobre esta decisión, nos encontramos con oficios y acuerdos de dependencias federales que en lugar de cumplir con su obligación de vigilar y proteger los bienes propiedad de la nación, se convierten en cómplices y peones de una operación violatoria de las leyes y de la propia Constitución.
Me referiré, en primer lugar, al Acuerdo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de julio de 2016, donde se destinan al municipio de Chimalhuacán 30 hectáreas de los Tlateles para la construcción de un centro deportivo.
Dentro de los considerandos, el Indaabin inicia reconociendo que los Tlateles, con una superficie de 735.25 hectáreas, son bienes del dominio público de la Federación. Más adelante da cuenta de dos oficios del municipio del mes de junio de 2016, ambos completamente contradictorios: el primero, donde “hace constar” que el inmueble no se considera monumento histórico o artístico de acuerdo a un criterio del Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, lo cual no tiene nada que ver; en el segundo oficio DLUS/054/2016 del 3 de junio de 2016, se le informa al Indaabin que el municipio expidió una constancia de uso de suelo, autorizando el uso de equipamiento para recreación y deporte.
El municipio primero decide el uso del suelo sobre un terreno que es federal y sobre el cual no tiene competencia, y después el Indaabin simplemente “cede” los terrenos sin ninguna consideración.
En el acuerdo se hace referencia también al oficio BOO.5.03545 del 28 de junio de 2016 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) donde se informa que “previo análisis” se determinó la viabilidad de ceder 200 hectáreas del terreno denominado los Tlateles.
Este oficio de la Conagua es muy lamentable porque cuando el presidente Enrique Peña Nieto presentó el proyecto del Nuevo Aeropuerto, el Director General de la Conagua, en el mismo evento, informó sobre la construcción de una serie de lagunas de regulación y de obras hidráulicas para la protección contra inundaciones en la región, precisamente en los terrenos de los Tlateles. A la fecha, no se conoce el proyecto de regulación hidrológica del que se habló, entonces ¿cómo es posible que la Conagua diga que es viable ceder esas 200 hectáreas?
Todos los decretos presidenciales y planos publicados en el DOF que delimitaron la ZFLT demuestran contundentemente que los Tlateles son y siempre han sido terrenos federales propiedad de la nación.
Incluso, desde 1936, se estableció por decreto presidencial la invalidez de cualquier título de propiedad sobre los terrenos de la desecación del Lago de Texcoco, y posteriormente, en los decretos de 1971 y de 1982, se dio absoluta certeza sobre los linderos, límites y superficies de la Zona Federal.
Al Indaabin, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales, le corresponde la administración, vigilancia, control y protección de los bienes nacionales; y la Conagua, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, es la responsable del cuidado y protección de la ZFLT.
Ningún oficio o acuerdo de estas dependencias que pretenda “ceder” terrenos nacionales tiene validez sobre los decretos presidenciales que ordenan su protección y vigilancia; son ilegales y son inconstitucionales.
Hacemos un enérgico llamado a la Presidencia y al Senado de la República para dejar sin efecto estos oficios.
ciudadposibledf.org
@JL_Luege
