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La inflación mantiene su senda ascendente, durante la primera quincena de mayo llegó a una tasa de 6.2% anual. Dicho registro sólo se había observado durante la crisis de 2009 y al inicio del siglo XXI. La diferencia con el último caso es que la trayectoria de los precios iba a la baja, justamente en el sentido contrario.
Las estadísticas oficiales, la evolución de la inflación tiene una de sus principales causas en la decisión de política fiscal de liberalizar el precio de las gasolinas y en el segmento de la economía en donde existe una administración pública de los precios.
De acuerdo con el informe del Inegi, el componente de inflación denominado como no subyacente correspondiente a energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno alcanzó una variación de 13.5%, más del doble que el incremento total de los precios al consumidor.
La parte de energéticos subió en 16.2% y tarifas autorizadas por el gobierno, 8.9%.
Si bien se puede argumentar que el aumento en los precios administrados por el gobierno federal era necesario por los problemas de endeudamiento público, y que representa un alivio para sus finanzas porque diminuye los subsidios en gasolinas y eleva sus ingresos, también es claro que dicha estrategia de política económica tiene un costo sobre los hogares, particularmente de los más pobres.
Las estadísticas son claras, desafortunadamente hay otros componentes de consumo básico que también mantienen una tendencia al alza en materia de precios.
La información de la inflación no subyacente permite observar que las frutas y verduras que conforman parte de dicho indicador presentaron una variación de 11%.
Cuando a lo anterior se agrega que los alimentos, bebidas y tabaco contabilizados en la inflación subyacente registró un alza de 6.7%, lo que se puede afirmar es que el gasto familiar se ve presionado por la inflación de los productos más elementales para el sustento humano, los alimentos.
Pronto saldrán las nuevas cifras de pobreza, las cuales se verán modificadas por los polémicos criterios utilizados para realizar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
No obstante, las cifras disponibles muestran que 28 millones de mexicanos enfrentan lo que se ha llamado carencia alimentaria, en otras palabras, no tienen la posibilidad de comer adecuadamente.
Los segmentos más pobres de la población destinan alrededor de 50% de su gasto al consumo de alimentos, bebidas, medicinas y tabaco, por lo que la inflación registrada hasta la primera quincena de mayo ha castigado a los que menos tienen.
El complemento de la afectación inflacionaria se tiene cuando se adiciona que la variación en el transporte fue de 14.4% y en salud de 5%.
Además, no hay evidencia de un freno en el incremento de la inflación. La parte estructural de la misma, la subyacente, se ubicó en 4.8% y aún mantiene una tendencia al alza.
La estabilización del tipo de cambio y el aumento en las tasas de interés por parte del Banco de México no han sido efectivos para limitar el avance de los precios.
La baja productividad, el encarecimiento de los insumos importados que la economía requiere, su dependencia externa y los crecientes requerimientos financieros del sector público para reducir su deuda, son parte de las restricciones que limitarán la disminución de las presiones inflacionarias.
Sólo se podrá lograr si se contienen la demanda agregada, fundamentalmente al consumo.
Representa el costo de haber apostado todo a la estabilización de la inflación en función de controlar los salarios y el tipo de cambio, constituye el resultado negativo de haber sacrificado a la inversión inversión pública y privada para impulsar las capacidades productivas de México.
También es la consecuencia de no saber “administrar la abundancia” y endeudar estructuralmente a la economía. Como ocurrió desde la década de los años ochenta, el costo de las estrategias de política fiscal y monetaria que buscan estabilizar la macroeconomía lo terminan asumiendo hogares y empresas.
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
