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Cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió hacer recortes en sus gastos generales incluyendo una reducción de 10% en el elevado salario de sus mandos superiores, saltó a la palestra el consejero electoral Benito Nacif, arguyendo que legalmente no es posible hacer dicha rebaja, pues el salario no es renunciable. Por lo cual presentó una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que rectificara esa decisión. Arguyó que, en todo caso, si se buscaba reducir el salario de los altos mandos del INE, tendría que hacerse modificando la ley. En efecto, parte de la indignación ciudadana es justo que la ley prescribe esos elevados salarios y muchos otros privilegios en la alta burocracia estatal y política, en un país en donde no se justifican. El hecho de que esa animosa defensa de la ley coincidiera con el interés personal del consejero quejoso levantó en la opinión pública (la enterada del caso, que debe ser escasa) ciertas dudas sobre la autenticidad de su celo legalista.
El TEPJF dio la razón a la queja de Nacif, y dictaminó la inconstitucionalidad de reducir los salarios. Probablemente muchos sospecharán que en la decisión de los magistrados habrá también contado el hecho de que ellos mismos disfrutan de salarios elevadísimos (mayores que los del INE) y que no se les ve mucha disposición que digamos a hacer ahorros o recortes en su institución. El caso es que, en efecto, no habrá disminución del salario de los consejeros, pues sería anticonstitucional (al menos una vez se respetará la Constitución, por 100 veces que no). Se reconoce a los consejeros su intento de solidaridad con la sociedad, al decidir —ilegalmente, ahora lo sabemos— reducir 10% de su salario, además de los otros recortes (al parecer, esos sí dentro de la ley, a menos que el TEPJF decida otra cosa). Pero bien podrían los consejeros preservar esa intención solidaria, destinando ese 10% de su salario a alguna de las múltiples causas nobles o problemas sociales del país. Eso, hasta donde sabemos, no contravendría a la ley y la sociedad se los reconocería.
El caso es que, precisamente por la voracidad con la que funcionarios públicos y políticos se han servido en eso de sus privilegios, bonos y prestaciones, la oferta de Andrés Manuel López Obrador, de promover una reducción de 50% a los salarios y prebendas de la alta burocracia, puede resultar atractiva para múltiples sectores de la sociedad. Eso, al margen de la viabilidad (o falta de ella) en sus otras propuestas de política económica, social o de seguridad. Los candidatos de otros partidos, si no quieren que AMLO se beneficie electoralmente de la indignación ciudadana, debían empatarlo en esa propuesta. Si todos los candidatos incluyeran la promesa de reducir salarios y privilegios de la aristocracia política y burocrática (y de los partidos políticos también), podrían muy bien recibir numerosos votos de un electorado cansado de ver desde fuera las insultantes prebendas y despilfarros de su clase gobernante.
Profesor del CIDE
