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La semana pasada, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, publicó desde su cuenta personal de Twitter un par de videos en los que aparece su nombre y una imagen. Para varios, se trató de un “destape” y para otros —como PAN, Morena y PRD— fue una violación de principios legales de propaganda gubernamental. La realidad es que el secretario Osorio está sondeando el ánimo en redes sociales, en donde un 53% de los mexicanos encuentran un método complementario para informarse.
Dadas las quejas de los tres partidos, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado una investigación en contra del secretario Osorio que tiene por objeto analizar si se violó alguna ley, pero no hay que perder de vista que lo que PAN, Morena y PRD buscan, es regular las redes sociales.
De hecho, no es la primera vez que lo intentan: en acciones de inconstitucionalidad que están en estudio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la 125/2015 del PRD y la 124/2015 de Morena) ambos partidos piden extender la regulación de la Ley de Réplica de medios tradicionales (impresos o TV) a redes sociales como Twitter o Facebook.
Estos partidos quieren que cualquier persona que suba información en redes sociales “sea sujeto obligado del Derecho de Réplica”.
No conformes con vigilar redes sociales, en sus escritos de queja al INE ahora también piden que el Internet sea regulado por una nueva Ley de Propaganda Gubernamental.
Así, vamos rumbo al 2018 en sentido contrario a lo que está haciendo el resto del mundo. Y es que algunos de los partidos quieren que no haya debates periodísticos hechos por los medios de comunicación, sólo que se hagan los del INE, otros quieren regular el Internet y otros buscan crear más reglas para regular al Internet, pero también de manera más estricta a medios tradicionales.
Este asunto de redes sociales estará en unos días en Tribunales Electorales. Hasta ahora la Sala Especializada del Tribunal Electoral ha rechazado regular el Internet y ha establecido que “las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión”.
El tema del Internet está en la Suprema Corte y seguramente, por las quejas de los partidos, irá también a la Sala Superior del Tribunal Electoral, por lo que las siguientes semanas serán clave para saber qué tipo de regulación quieren aplicar los tribunales a las redes sociales en México. Si por los partidos fuera —y en particular por los partidos de izquierda—, las redes sociales estarían totalmente reguladas en México, algo que habla de cómo la izquierda mexicana percibe la modernidad.
Cambiando de tema: *Corrupción, crimen e impunidad afectan a los negocios en México: según el ultimo reporte del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) México se ubica en la posición 51 de 138 países en el Índice de Competitividad Global, remontando seis posiciones respecto del reporte anterior. Resulta preocupante el hecho de que los tres factores más problemáticos que se identifican para la realización de negocios en México son la corrupción, el crimen y la ineficacia gubernamental.
Específicamente en el caso de las instituciones tenemos que, en materia de confianza pública en nuestros políticos, ocupamos el penoso lugar 124 (de 138 países) mientras que en la eficiencia del marco legal para resolver disputas y en la independencia judicial, nos ubicamos también casi al final, en las posiciones 113 y 105.
En el indicador relativo a la preparación tecnológica de nuestro país, particularmente por lo que toca a los componentes relacionados con el sector de telecomunicaciones, encontramos que en velocidades de acceso a Internet nos ubicamos en el lugar 89. Tampoco resultan satisfactorias nuestras posiciones en materia de penetración de servicios de banda ancha, tanto móvil como fija, en las que nos colocamos en los lugares 74 y 65, respectivamente y finalmente, en cuanto al número de usuarios en Internet, herramienta fundamental en esta época, México se ubica en el lugar 66.
De igual forma, en el indicador de infraestructura en el que de manera consolidada no aparecemos rankeados tan mal (posición 57), los componentes específicos relacionados con el sector de telecomunicaciones no arrojan buenas noticias: en el porcentaje de suscripciones a servicios de telefonía celular nos ubicamos en el peldaño 114, mientras que en materia de líneas fijas de telefonía estamos en el lugar 65.
Como puede observarse, hay un cúmulo de datos que dejan ver que todavía queda mucho por hacer en materia de accesibilidad de la población a servicios públicos de telecomunicaciones.
*El nuevo número 911: después de que el gobierno de Vicente Fox, en el 2002, prometiera un número único para llamadas de emergencia a nivel nacional, ayer entró en operaciones el 911. Tardamos 14 años en tener un número de emergencia unificado y ni siquiera lo está a nivel nacional. Por ahora, este número opera en 16 entidades (falta la otra mitad) y su operación también está dejando qué desear pues la geolocalización de las víctimas de un delito —encontrar la ubicación del afectado— aún no es posible. Se tiene que dar al operador de emergencia la ubicación, cuando en el resto de los 30 países que operan el 911 se puede ubicar a la víctima en un rango de 50 metros.
Apenas ayer terminó la consulta pública del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre este tema y seguirán pruebas técnicas. Hasta el cierre de esta edición, sólo la CANIETI había enviado comentarios al IFT.
Twitter: @JTejado
