Más Información
Cuando termine 2015, Andrés Manuel López Obrador se habrá gastado 500 millones de pesos y habrá aparecido en un millón 300 mil spots que de manera velada promueven su candidatura a la Presidencia de la República. Esto equivale a unas nueve mil horas en radio y televisión, pagadas todas con dinero público.
A lo largo del mismo año, diversos actores han señalado que esta sobreexposición es un acto adelantado de campaña, una forma de aprovechar los vacíos legales que existen en la ley electoral, y torcerlos a favor del tabasqueño.
La ley electoral prohibió en 2007 a los partidos y sus candidatos realizar la compra de espacios para la difusión de promocionales, y a cambio les concedió la posibilidad de emplear, para ese fin, los “tiempos oficiales” de que el Estado dispone en radio y televisión.
El principal denunciante de que los “tiempos oficiales” estén siendo “tomados” por una sola persona, el recién electo presidente nacional de Morena, “por aclamación”, es el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Beltrones acusa a López Obrador de utilizar la parte legal de una disposición, para hacer con ella algo tramposo e ilegal. Es decir, promover su candidatura a la presidencia mientras el resto de los partidos permanece con las manos atadas.
La respuesta de López Obrador no se hizo esperar: “Nos tienen miedo”, “quieren perjudicarnos”, “acudiremos a organismos intentacionales”. Cualquier intento de reformar los vacíos abiertos en la ley será “otro intento de desafuero”.
Llama la atención que Beltrones no haya pensado en reformar la ley durante las elecciones pasadas, cuando su partido aliado, el Verde Ecologista, cometió toda clase de trapacerías y pasó a la historia de la democracia mexicana como el partido con mayor desprecio por la ley, luego de utilizar, cada tres días en promedio, “la parte legal de una disposición para hacer con ella algo tramposo e ilegal”.
¿Por qué ante las triquiñuelas del Verde no se pronunció Manlio a favor del espíritu de las leyes? ¿Por qué tardó nueve mil horas antes de “tomar postura”? No hace falta escribir la respuesta: avergüenza por su obviedad.
Llama la atención también que a López Obrador le preocupe más conservar la ventaja que le han dado los spots, que admitir que en materia electoral en México hay muchas cosas que cambiar y reformar. Para el nuevo líder de Morena —líder nacional por aclamación, hay que recordarlo—, cualquier modificación a la ley, la más mínima, será vista como “el nuevo desafuero”, una nueva embestida de la mafia en el poder.
Y sin embargo, hay miles de cosas que cambiar y revisar en esa ley, no sólo para evitar que una sola persona la use en su beneficio.
Cuando la ley eliminó los programas en los que cada partido disponía de cinco minutos para abonar al debate de ideas, lo que hizo fue introducir un fatal modelo de “spotización” que no ha beneficiado en nada a la discusión democrática, y sólo se ha revelado capaz de bombardear durante 30 segundos con frases publicitarias tras de las cuales siempre se esconde el vacío.
Las reformas a esa ley, que más que de la reflexión vinieron del pago de indemnizaciones por diversos agravios, han encarecido el costo de la democracia, muchas veces sin sentido específico.
El Instituto Nacional Electoral recibirá 15,473 millones de pesos en 2016. Esa cifra abultada se debe a que, cuando sustituyó al viejo IFE, y absorbió a los institutos locales, la legislación le echó encima 73 atribuciones que incrementaron sus responsabilidades y también, de manera disparatada, sus requerimientos presupuestales.
De aquí a 2018 el INE deberá atender 37 procesos locales y tres federales. Cada proceso le costará millones de pesos si se lleva a cabo tal y como el modelo de capacitación y organización electoral está planteado en la ley: una ley que le obliga a fiscalizar campañas y precampañas a nivel nacional, a monitorear spots (también a nivel nacional), a incrementar su personal con al menos 15 mil nuevas plazas que le permitan sacar adelante esos comicios (lo que supone un gasto de unos 1,400 millones de pesos)… y sobre todo, una ley que a partir de ahora, tras la homologación de las candidaturas locales, le obligará a entregar a los partidos, además del dinero de costumbre (un tercio de su presupuesto: unos 4,031 millones para 2016), unos mil 500 millones más.
Parece que, a pesar de los gimoteos de AMLO y la amnesia cínica de Manlio, la ley electoral debe cambiar.
@hdemauleon
demauleon@hotmail.com
