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Desde principios de año, en reuniones con directores de periódicos y columnistas, el CEN del PRI venía anunciando que en el círculo cercano al presidente Peña se sopesaba cada vez más seriamente la posibilidad de apoyar la solicitud de juicio político contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, como única forma de que el tricolor mantuviera la gubernatura del estado.
En esos días la Auditoría Superior de la Federación había hecho al gobierno de Duarte “graves” observaciones sobre el destino de más de 14 mil millones de pesos y el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, había declarado que el mandatario veracruzano debía rendir “cuentas correctas y verdaderas”.
Al calor del escándalo, Beltrones manifestó su apoyo al aspirante priísta Héctor Yunes Landa —rival político del gobernador— y dijo que el compromiso de éste con el pueblo veracruzano iba a ser “cero impunidad con el pasado”.
La lectura fue que los minutos de Duarte estaban contados. Pero Duarte voló a la Ciudad de México y tuvo una reunión de 30 minutos con el secretario de Gobernación.
Al día siguiente, Manlio cambió su discurso y dijo que los rumores de la caída del gobernador venían de las intensidades “de la próxima contienda electoral”.
Marzo fue un mes caliente: a las acusaciones de desvío de recursos y corrupción rampante en contra de Duarte se sumaron más acusaciones de desvío de recursos y corrupción rampante. Pero esta vez eran en contra no del gobernador de Veracruz, sino del de Chihuahua: César Duarte.
Este otro Duarte había sido acusado ante la PGR de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de sus funciones y uso indebido de atribuciones y facultades. Este otro Duarte se había comprado su propio banco, y luego había depositado en él 80 mil millones de pesos. La Unidad de Análisis Financiero de la PGR lo tenía bajo investigación.
Mientras esto estallaba en el norte y el oriente, el sureste ardía “con el historial de excesos, abusos, aumento de deuda, corrupción, represión y tortura, así como violaciones a los derechos humanos y la libertad de expresión” que sumaba el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
Notas de prensa daban cuenta un día sí y otro también del endeudamiento, la corrupción en la obra pública, la represión y persecución de opositores, periodistas, manifestantes.
Pero el Presidente no quiso llamar al orden a sus gobernadores. Prefirió mirar hacia otro lado y comprar la idea de que Manlio y sus operadores políticos —Manuel Añorve, Canek Vázquez, Willy Ochoa y Alejandro Gutiérrez— mantendrían las nueve gubernaturas que el partido tenía hasta entonces en su poder.
Hasta las cinco de la tarde del pasado 5 de junio, Peña y su equipo se mantuvieron en esa idea: las encuestas de salida todavía arrojaban resultados favorables al PRI. A partir de esa hora, sin embargo, las cifras se empezaron a modificar. El PAN capitalizó el sentimiento antiPRI, siete gubernaturas terminarían en manos de un partido que apenas en 2012 era un hilacho.
¿Qué habrá pasado en Los Pinos a partir de las seis de la tarde?
Tal vez un día sea posible conocer los pormenores de esas horas en que el mapa político del país cambió: Peña encerrado con su equipo más cercano.
Varias preguntas: ¿Se culparon unos a otros los estrategas del Presidente? ¿Los precandidatos a la Presidencia se acusaron de operar en contra del PRI en algunos estados para sacar del juego a Beltrones e incluso para debilitarse entre ellos mismos? ¿Se pidió la cabeza de Manlio para que el partido no llegara a la antesala de 2018 con un líder nacional absolutamente apabullado?
Y sobre todo, ¿le habrá señalado alguien al mandatario que si hubiera parado a tiempo a los gobernadores más impresentables tal vez el PRI y él mismo se hallarían ahora en una posición distinta?
Es probable que sepamos algún día lo que sucedió esa noche. Porque para Peña Nieto y su gobierno, esa noche todo cambió.
Los panistas Javier Corral y Miguel Ángel Yunes han anunciado que al tomar el poder en sus respectivos estados iniciarán acciones penales en contra de los Duarte. Eso será, sin duda, el arranque de la plataforma presidencial del PAN para 2018: una cruzada contra la corrupción.
¿Peña les dejará esa bandera? ¿Dejará que el PRI se siga hundiendo? ¿Cuál será la estrategia de control de daños de su gobierno?
En efecto, como escribía ayer Carlos Loret, la única estrategia posible tendrá que ser contra la corrupción.
@hdemauleon
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