El lunes pasado El Universal publicó en ocho columnas “Jubilado de Pemex gana más que Peña Nieto”, que era el encabezado de una investigación de Guillermo Rivera, elaborada con base en respuestas de la empresa productiva del estado a solicitudes de transparencia. En septiembre de 2016, El Universal informó que en el paquete presupuestal del 2017 se incluía un gasto de más de casi 113 mil millones de pesos para el pago de jubilaciones de CFE y PEMEX.
Del presupuesto de egresos de la Federación para este ejercicio fiscal, que es de casi 5 mil millones de pesos, el 14.8 por ciento (32.5 por ciento del gasto corriente) se destina a pago de pensiones y jubilaciones y su crecimiento de este concepto con respecto al año anterior fue del 14%. Asimismo, el costo financiero por la deuda asumida para el pago de pensiones de CFE y PEMEX se estima en 9 mil millones de pesos, es decir, al monto de pensiones pagaderas de 113 mil millones hay agregarle esta cifra. La suma representa casi el 50% del subsidio a las gasolinas en su punto más alto en el 2012.
Por otro, la recaudación a nivel nacional por el impuesto predial, que es un gravamen municipal, durante el 2015 fue de más de 43 mil millones pesos, 12% más en relación al año anterior, sólo representa el 0.2% del PIB, casi nada, y esta carga fiscal está mal repartida. En la Ciudad de México y Quintana Roo, la recaudación per cápita por impuestos y derechos locales es de 5.9 y 4.2 miles pesos, respectivamente, mientras que en la mayoría de las entidades federativas es menor a 2 mil. Además, donde más se recauda, hay un sinfín de exenciones y condonaciones de adeudo en impuesto predial y derechos de agua, lo que provoca que un pequeño número de contribuyentes sea el aportante, por lo que el no pago oscile entre el 60 y 70% los obligados.
Los datos sobre en qué se gasta y que no se cobra, quién recibe y quién no aporta al gasto público puede ayudar a trazar una ruta en el mediano plazo para las finanzas públicas. La revisión de las cuentas de muchas instituciones públicas o particulares relacionados con la gestión de lo público contribuye a que la sociedad se allegue información para decidir racionalmente en el momento de elegir a los titulares de los órganos ejecutivos y legislativos en los ámbitos Federal, estatal y municipal.
La situación es compleja e involucra derechos adquiridos que son defendibles ante diversas instancias administrativas y jurisdiccionales, involucra a grupos sociales con espacios de influencia importantes y a grandes sectores de la población. Las soluciones de no pagar las pensiones, eliminar subsidios o subir el impuesto predial en todos los municipios del país son inviables.
Lo cierto es que desde hace por lo menos una década ha sido constante el debate público sobre quién debe pagar los regímenes pensionarios de ambas empresas, si es correcto que se emita deuda pública para su pago, cuáles son los subsidios que se deben mantener por ser socialmente convenientes y justos, cómo se debe financiar el gasto público en los estados y los municipios, cuáles exenciones son justas, entre otros. Este tipo de información aparece recurrentemente en los medios de comunicación masiva, pero las políticas públicas para su corrección han sido lentas o no han rendido los frutos esperados. Ya se presentó la disyuntiva: ¿pago a pensionados de PEMEX o mantengo el subsidio a los energéticos?
Pensiones, prediales, subsidios (transporte público, educación superior, salud, energéticos, entre otros) y finanzas públicas darán materia a ocho columnas y editoriales de los periódicos por la próxima década, mientras el pago de jubilaciones siga creciendo al ritmo de dos dígitos porcentuales cada año, los subsidios favorezcan a grupos de mayores ingresos y no a las capas más pobres de la sociedad, los prediales no sean la fuente primordial de financiamiento de los servicios e infraestructura urbana y las finanzas públicas se soporten en el endeudamiento. Lo anterior, junto con el tema de la relación con el gobierno de los Estados Unidos, son los ingredientes de las próximas campañas de las elecciones federales. Al tiempo.
Profesor de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte
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