La militarización de la seguridad pública no es la solución

La insistencia en una Ley de Seguridad Interior no es una propuesta que tenga fundamento constitucional e impide avanzar hacia la salida de la crisis de inseguridad; así lo hemos señalado reiteradamente especialistas en materia de seguridad y desde el grupo parlamentario del PRD en el Senado.

Observamos al partido del gobierno federal empecinado en hacer oídos sordos a las críticas y recomendaciones de los organismos internacionales, que señalan insistentemente las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes militares cuando realizan tareas de seguridad pública.

En tanto, los gobiernos estatales, municipales y la federación misma, urgen y presionan mediáticamente para que se legalice el envío de efectivos del ejército y de la marina para contener a las mafias que se han apoderado de regiones enteras.

En lo personal, lamento que hasta el momento no haya habido voluntad política por parte de los grupos parlamentarios del PRI en las dos cámaras del Congreso de la Unión ni para aprobar las minutas de mando mixto policial y de la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional ni para iniciar la discusión de la futura Ley General de Seguridad Pública.

Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado convoqué al conversatorio sobre “Seguridad Pública y Derechos Humanos” a reconocidas personalidades de la academia y de la sociedad civil organizada, quienes reiteraron su desacuerdo con una Ley de Seguridad Interior por considerar que su entrada en vigor profundizaría las violaciones a los Derechos Humanos al legalizar la militarización de la seguridad pública.

Debo dejar en claro que no pretendemos denostar a las Fuerzas Armadas, lo que ratificamos es nuestra oposición a que -con base en una ley que no tiene fundamento constitucional- se pretenda un marco jurídico que legalice su participación en tareas de seguridad pública.

Lo que buscamos es detener y revertir el desgaste innecesario al que han sido sometidos soldados y marinos y sus familias, por la irresponsabilidad de las autoridades civiles que simplemente han renunciado a su obligación de garantizar la seguridad de las personas y de detener a quienes infringen las leyes penales.

La propuesta que debemos discutir es la conformación de cuerpos policiales profesionales, con salarios y prestaciones dignas, capacitados y equipados, cercanas a la gente, capaces de enfrentar a la delincuencia organizada y de llevar ante los jueces a los criminales que han arrebatado la paz y la tranquilidad a las y los mexicanos.

Necesitamos policías con controles internos y externos que garanticen transparencia y erradiquen corrupción y otras malas prácticas; necesitamos una verdadera institución policial que no dependa de los vaivenes políticos, que reconozca la honestidad de sus elementos y les promueva hasta lograr una jubilación con honores.

Paralelamente, es indispensable elaborar un programa de retiro paulatino de los elementos militares hacia sus cuarteles, conforme estas policías profesionales asuman el control de la seguridad pública.

Urge que el Congreso de la Unión trabaje en la resolución de la crisis de inseguridad de manera seria, pública y transparente, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y de especialistas.

He reiterado mi compromiso para continuar debatiendo para que se comprenda que la militarización de la seguridad pública no es la solución y que nuestra misión es lograr que la sociedad se sienta tranquila, en paz y segura y, sobre todo, que quienes cometen delitos sean sancionados.

Es necesario trabajar hacia la erradicación de delitos configurados desde el Estado como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. Esa es la tarea.