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En los últimos días, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, consideró la posibilidad de separar a los niños migrantes de sus padres o madres indocumentados, al ser detenidos en la frontera con México. Como es de esperarse, esta idea ha generado protestas y preocupaciones, incluyendo las expresadas por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
Sin embargo, olvidamos que esa práctica ya existe y afecta cotidianamente a muchísimas personas. No hay novedad en la amenaza de Kelly. Se ha lastimado profundamente a los menores que son separados de sus padres y madres, debido a la detención y deportación de éstos. En este caso, no se trata de personas que recién ingresaron a Estados Unidos por la frontera, sino de una población que forma parte de sus comunidades.
Cuando los migrantes mexicanos han logrado permanecer largo tiempo en Estados Unidos, así sea de manera no documentada, progresivamente se integran a su sociedad en el sentido más amplio. Se forman familias, empleos, lazos vecinales y comunitarios, rentan o adquieren viviendas, contribuyen económicamente y pagan impuestos.
Por supuesto, con la familia llegan también hijos e hijas, que al nacer en Estados Unidos son nacionales de este país y que, debido al origen de sus padres, son también mexicanos. Es enorme la cantidad de personas que a la fecha tienen doble nacionalidad, bilingüismo y biculturalidad: aproximadamente 11.5 millones. De este conjunto, los más vulnerables son los menores de edad con situación no documentada de padres o madres, que en cualquier momento pueden ser deportados, como sucede con intensidad al menos desde 2008.
El año 2011 fue trágico desde la perspectiva de la separación de las familias. El número de personas deportadas a México que dejaron hijos menores en Estados Unidos superó los 50 mil casos. En los siguientes años, si bien disminuyó ese número, no fue menos grave la situación. En 2014, más de 30 mil; en 2015, casi 21 mil; en 2016, cerca de 23 mil. Cabe esperar una cifra similar para 2017.
Desde esta perspectiva, el anuncio de John Kelly es simplemente la continuidad de algo muy grave que está sucediendo todos los días, desde hace diez años. Si añadimos que alrededor del 90 por ciento de los menores separados son nacionales de Estados Unidos, el cuadro se complica algo más.
La deportación de los padres y madres es una directa agresión a los menores. Desde la perspectiva del interés superior de éstos, bajo el marco internacional de protección a la infancia y considerando además la protección que la legislación de Estados Unidos establece para la niñez, se trata de un injustificable atentado a los menores. Es decir, Estados Unidos contra sus propios niños, con independencia de si padres o madres son indocumentados. Esos pequeños son sus nacionales, sin duda, y a su gobierno no importa infringirles el durísimo costo emocional y material de la separación.
El diálogo y eventual acuerdo de México con Estados Unidos en materia migratoria puede asumir como asunto central el caso de estos menores, quienes tienen nacionalidad de ambos países. Está en la obligación de ambos gobiernos su protección. En función de su interés superior debieran abrirse los caminos para la reunificación familiar, considerando las deportaciones de los últimos años, y así regularizar el retorno y permanencia de los padres y madres junto a sus hijos, en Estados Unidos. De igual manera, promover activamente la regularización de quienes residen allá y se encuentran en este escenario de familias binacionales y biculturales.
En el corto plazo, los nuevos recursos jurídicos disponibles por los consulados de México en Estados Unidos pudieran concentrar su esfuerzo en evitar esas separaciones, argumentando el interés superior de una niñez que es parte de ambas naciones. Para abrir, desde esa puerta, el ejercicio de derechos para todos los menores.
El Colegio de la Frontera Norte
