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A casi un mes del inicio del paro nacional del magisterio democrático, agrupado en la CNTE, Aurelio Nuño, secretario de Educación, mantiene su negativa a dialogar con los maestros sobre sus demandas, de suspender la evaluación punitiva que contiene la reforma educativa y encontrar un camino para construir la verdadera transformación de la educación; condiciona el diálogo a que el magisterio acepte la cuestionada reforma.
Las medidas que se han anunciado desde la SEP no son un ejercicio político para encontrar una salida. Son medidas represivas: el uso de la policía para imponer las evaluaciones; cese de 4 mil 360 maestros que se negaron a renunciar a su derecho a la estabilidad laboral, participando en la evaluación; descuentos salariales; despido de maestros, en su mayoría de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, por participar en el paro; y la amenaza de usar miles de esquiroles para romper la huelga.
Desde la Secretaría de Gobernación y los gobiernos estatales, incluyendo al de la CDMX, se han suprimido garantías individuales como el libre tránsito, se ha deportado a sus estados a los profesores que se encontraban en plantón en la Ciudad, la Policía Federal y estatales han bloqueado el acceso a la capital a miles de maestros provenientes de varias entidades que pretendían participar en una manifestación. Con ello, la policía generó caos en las entradas a la metrópoli, por más cuatro horas. El abuso de los medios televisivos para denostar a los maestros es otro instrumento represivo.
Después de vivir durante tres años con una enorme conflictividad en el sector educativo, que nada ha mejorado el nivel de la educación y que no aporta indicadores que permitan festinar el éxito de la reforma, una pregunta obligada es, ¿por qué los distintos órdenes de gobierno no muestran disposición para encontrar una salida política a este conflicto? ¿Es por incapacidad? La investigadora Miriam Sánchez, señalaba: “Es muy probable que la resistencia por parte del gobierno para escuchar y discutir los argumentos de los profesores, tenga que ver con la falta de autonomía de los políticos en turno, pues tienen intereses y compromisos pactados para que el país se dirija con la brújula del mercado. El compromiso más explícito es el que han firmado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”. Pero también puede estar determinado por los compromisos con los grandes financieros transnacionales que detentan la hegemonía del grupo en el poder que gobierna en México, y que son los autores de las reformas neoliberales que transfieren al extranjero la riqueza que todos los mexicanos hemos generado históricamente y que es nuestro patrimonio.
Numerosas voces, desde la academia, la sociedad civil, las organizaciones sociales y sindicales han realizado llamados al gobierno federal a sentarse a dialogar con la CNTE. Nosotros, como investigadores sociales, consideramos urgente la intervención de la Presidencia de la República para abrir un cauce de solución política, haciendo a un lado al beligerante secretario Nuño, pues con su falta de voluntad para resolver, lo único que augura es una salida represiva de impactos impredecibles, ante la frágil institucionalidad democrática y la endeble situación económica del país.
Profesora de la Facultad de Economía e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política Social, CACEPS–UNAM
caceps@gmail.com
