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La nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, promulgada en abril del año pasado, representa un buen avance, en el sentido de poner techos al endeudamiento, licitar las contrataciones de deuda y contar con un registro público único de la misma. Sin embargo, las causas que originan la insolvencia aún están lejos de resolverse.
Según el último registro sobre las obligaciones financieras de los estados y municipios, éstas alcanzaron un monto de 535.3 miles de millones de pesos (mmp) en septiembre del año pasado, lo que representó el 2.9% del PIB y el 81.4% de las participaciones. Dicha cifra significó un crecimiento de 6.5% promedio anual con respecto al año 2000, en términos reales.
No se trata solamente de un problema de disciplina fiscal o corrupción. El boom de las obligaciones igualmente se asocia con el impulso a la descentralización, que desde mediados de los noventa profundizó el “desequilibrio vertical”, entre la capacidad impositiva de los gobiernos subnacionales y las responsabilidades de gasto que enfrentan, transformó las estructuras de financiamiento público, permitió el avance de las privatizaciones y se alejó de la esencia del federalismo fiscal.
Una participación democrática del manejo de los recursos fiscales y las responsabilidades entre los distintos ámbitos de gobierno, no puede sostenerse cuando la descentralización sólo se ha aplicado por la vía del gasto, éste no es suficiente, las autoridades subnacionales tienen una mínima autonomía en el manejo de sus recursos y cuentan con pocos incentivos para recaudar.
Asimismo, en esta dinámica del endeudamiento subnacional inciden la falta de una política fiscal contracíclica y la supresión del poder crediticio del Estado. Bajo el dogma monetarista, se suprimió la responsabilidad que tenía el banco central de impulsar el crecimiento económico y se dispuso la virtual extinción de la banca de desarrollo. La falta de crédito público para los gobiernos estatales y municipales abrió nuevos espacios de negocio para el financiamiento privado.
Los recortes en el gasto público fueron implementados bajo la bandera de la austeridad. Lejos de suprimir los lujos de las cúpulas de los partidos políticos y la alta burocracia, esta implicó el recorte de los costos de reproducción de la sociedad civil, que era necesario para garantizar el éxito de una estrategia de crecimiento basado en las exportaciones primarias y de maquila.
Como afirma Antón Losada (2013), la austeridad fue utilizada para legitimar el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Los recortes de los presupuestos en educación, salud, asistencia social e infraestructura, permitieron la disminución de la carga de impuestos sobre las grandes corporaciones, pero debilitaron el mercado interno y profundizaron la crisis social.
Otro factor que explica el crecimiento de la deuda subnacional son las Asociaciones Público Privadas (APP), que por medio de bursatilización de activos comprometen los presupuestos públicos y los ingresos de los activos públicos concesionados en el largo plazo, convirtiendo a los gobiernos en auténticas cajas de pago.
Por último, hay que mencionar que la deuda es un instrumento que puede fortalecer las capacidades endógenas de crecimiento, pero cuando prevalecen un federalismo fallido, los recortes fiscales y el beneficio privado en la producción de los bienes públicos, las obligaciones se vuelven insostenibles.
Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS-UNAM.
caceps@ gmail.com
